El rechazo de comunidades campesinas e indígenas del Valle de Ocotlán de Oaxaca a las operaciones de la minera Cuzcatlán en sus territorios llegó a una “situación límite”, advirtieron organizaciones de la sociedad civil mexicanas y de otras nacionalidades.
A través de un pronunciamiento manifestaron su preocupación por el clima de inseguridad y amenazas que pone en riesgo la vida de las personas defensoras y urgieron a las autoridades mexicanas que garanticen su integridad física y psicológica.
Las organizaciones civiles también exigieron al Estado mexicano velar por los derechos de las comunidades defensoras del agua y de sus territorios.
Y recordaron que, entre otros compromisos internacionales, en 2021, México firmó el Acuerdo de Escazú, que obliga al país a impulsar la protección de los defensores de ambiente y territorio; y, finalmente, que estarán pendientes de las articulaciones de las comunidades de Oaxaca en su legítima defensa contra este proyecto minero en las próximas semanas.
La filial de la minera canadiense Fortuna Silver Mines lleva 11 años explotando plata y oro sin el permiso social de las comunidades y ahora la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aprobó la ampliación por 12 años más del permiso ambiental a la empresa.
Hace 10 años fueron asesinados Bernardo Méndez Vásquez y Bernardo Vásquez Sánchez, ambos ciudadanos de San José del Progreso, sede del proyecto minero. Los dos eran defensores del territorio, el ambiente y la vida, y opositores al proyecto minero Cuzcatlán, propiedad de Fortuna Silver Mines.
Además, las organizaciones, advirtieron que varios acontecimientos violentos durante los primeros años de explotación de la minera, fueron heridas gravemente varias personas más.
“A partir de esta ola de violencia, la empresa inició un proceso de cooptación y división en San José del Progreso, ciudadanas y ciudadanos de San José denunciaron en diferentes ocasiones la presencia de grupos armados. Ninguna dependencia gubernamental hizo caso, los asesinatos de los defensores continúan en la impunidad y el tejido social comunitario se fracturó”.
En 2018 se desbordó la presa de jales de este proyecto minero en dos ocasiones, provocando que los residuos contaminantes se derramaran en el cauce del río El Coyote. Por ello, Magdalena Ocotlán, Monte del Toro, San Matías Chilazoa y San Pedro Apóstol presentaron sus denuncias respectivas ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), ya que la contaminación ponía en riesgo los pozos de agua potable y el acuífero de la región.
“Las autoridades ambientales por su parte visitaron el proyecto minero, sin recurrir en ningún momento ante las comunidades afectadas. En el río El Coyote no existió ningún proceso de reparación o remediación, tres años después, aún existen residuos contaminantes en el río. Para las comunidades afectadas tampoco hubo reparación del daño.
“La situación del agua es un tema preocupante para las comunidades, en los últimos tres años ha existido una disminución alarmante de los pozos, principalmente los que son utilizados para agua potable, en el caso de Magdalena Ocotlán, Monte del Toro, El Vergel, San Martín de los Cansecos y San Matías Chilazoa se han quedado sin agua”.
Junto a estos daños ambientales, puntualizaron que la empresa minera construyó 75 obras de manera irregular, desacatando la manifestación de impacto ambiental original, por lo que presentó en 2019 y 2020, los permisos ambientales “San José II”, ambos negados por la Semarnat por no contemplar los impactos acumulativos, sinérgicos y residuales de las obras y por haber violentado el derecho a un medio ambiente sano de las comunidades.
Mientras que las comunidades exigieron a la dependencia federal respetar su derecho a la libre determinación, al territorio y a un medio ambiente sano, por lo que en dos ocasiones se reunieron con María Luisa Albores, titular de la Semarnat, la cual se comprometió a participar en un proceso de consulta organizado por y desde las comunidades.
Pese a ello y en pleno proceso de diálogo con las comunidades afectadas, el 14 de diciembre de 2021, la Semarnat notificó a la empresa minera la autorización de los permisos ambientales por otros 12 años de explotación comercial.
En su resolutivo, la dependencia no hizo mención de los asesinatos, las obras irregulares, la contaminación del agua, ni el estrés hídrico en el que se encuentra el acuífero. Para las comunidades organizadas en el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, dicha aprobación representa una traición.
El permiso ambiental original del proyecto minero Cuzcatlán venció el 23 de octubre del 2021. La empresa sigue operando a través de un amparo, aunque sus prestamistas pusieron como fecha límite para aclarar esta situación el 18 de febrero de 2022.
El 4 de febrero de 2022, la empresa minera Fortuna Silver Mines comunicó públicamente que recibió una notificación de la Semarnat donde la dependencia establece que cometió un error tipográfico, no son 12 años autorizados, sino únicamente dos. La empresa se ampara contra esta rectificación, y la SEMARNAT sigue sin publicar en su gaceta oficial la decisión final sobre el permiso ambiental.
