La 65 Legislatura del Congreso de Oaxaca rechazó otorgar una ampliación presupuestal al Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción por más de 18 millones de pesos para el pago de laudos laborales, y para cumplir con la orden de un Juez para pagar el adeudo a una ex trabajadora.
El magistrado Mateo Martínez Martínez, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, solicitó a los legisladores locales que se apruebe una ampliación presupuestal para el ejercicio fiscal 2024 por la cantidad de 18 millones 114 mil 672.53 pesos.
Lo anterior, para el pago de lo condenado dentro de los expedientes 250/2020, 657/2022 recaídos en el Segundo Juzgado de Distrito, 1251/2021, 392/2023 recaídos en el Noveno Juzgado de Distrito y 414/2022 recaído en el Cuarto juzgado de Distrito, respectivamente.
De acuerdo con la información del Congreso de Oaxaca, el Tribunal debe pagar a la extrabajadora Frida Jiménez Valencia la cantidad de 3 millones 39 mil 406.34 pesos, a Ana María Soledad Cruz Vasconcelos 4 millones 576 mil 645.81 pesos, a María Mayela García Maldonado 3 millones 183 mil 541.35 pesos, a Pedro Carlos Zamora Martínez 2 millones 433 mil 60.73 pesos, y a María elena Villa de Jarquín la cantidad de 4 millones 882 mil 81.21 pesos.
El magistrado Mateo Martínez, para su solicitud de ampliación presupuestal, argumentó el propio decreto con el que se creó el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción y con el cual se removió a trabajadores y a magistrados.
Sin embargo, la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación del Congreso de Oaxaca determinó que «Las dependencias y entidades que no puedan cubrir la totalidad de las obligaciones conforme a lo previsto en el párrafo anterior, presentarán ante la autoridad judicial, laboral y/o administrativa según sea el caso, un programa de cumplimiento de pago que deberá ser considerado para todos los efectos legales en vía de ejecución respecto de la resolución que se hubiese emitido, con la finalidad de cubrir las obligaciones hasta por un monto que no afecte los objetivos y metas de los programas prioritarios”.
Y solicitó al Tribunal de Justicia Administrativa que en su programa deberá estar incluido en el proyecto de Presupuesto de Egresos del del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025, a efecto de no violentar los derechos humanos y laborales de los quejosos Frida Jiménez Valencia, Ana María Soledad Cruz Vasconcelos, María Mayela García Maldonado, Pedro Carlos Zamora Martínez y María Elena Villa de Jarquín, quienes tienen un adeudo por el pago de condena ejecutoriada y líquida en los juicios de amparos.
