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lunes, septiembre 16, 2024

Una queja cada dos días contra policías de Oaxaca por violaciones a derechos humanos

Reportajes

En Oaxaca, cada dos días se presenta una queja contra policías estatales o municipales por violaciones a derechos humanos, entre las que se encuentran detenciones arbitrarias y abuso de poder.

Del 1 de enero de 2023 y el 30 de marzo de 2024, cinco municipios del estado acumulan 168 quejas ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) por la actuación de sus policías municipales, según los informes estadísticos del organismo.

Pero no son sólo las policías municipales, también durante el gobierno de Salomón Jara Cruz, en este periodo, se han presentado 104 quejas por violaciones a derechos humanos cometidas por policías estatales, dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

En el caso de los municipios, encabeza la lista por número de quejas el ayuntamiento de Santa Lucía del Camino con un total de 51 expedientes de queja contra sus policías municipales, 29 en el año de 2023 y 12 en el primer trimestre de 2024.

Le siguen los municipios de Oaxaca de Juárez con un total de 44, 36 en 2023 y 8 en el primer trimestre de 2024; Santa Cruz Xoxocotlán con 31, 26 en 2023 y 5 en los primeros tres meses de 2024; Santa Cruz Amilpas con 29, 25 en 2023 y cuatro entre enero y marzo de 2024; y San Jacinto Amilpas con 13, nueve de ellas en 2023 y cuatro en el primer trimestre de 2024.

La actuación de los policías municipales ha sido cuestionada por el asesinato del joven Diego Paz en un operativo alcoholímetro; incluso el gobernador Salomón Jara, las señaló de ser una “red de extorsionadores”, pero su policía estatal tampoco se salva de las quejas por violaciones a derechos humanos. En 2023 se presentaron 82 quejas contra la Policía Estatal y 22 entre enero y marzo de 2024.

Además se presentaron 196 quejas ante la DDHPO contra la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en 2023, y 43 en los primeros tres meses de este año.

El informe 2023 de la DDHPO señala que en el primer año del gobierno de Salomón Jara se presentaron tres mil 911 quejas por probables violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades municipales y estatales.

Se iniciaron dos mil 631 expedientes de quejas, a los que se suman tres mil 809 expedientes que ya se encontraban en trámite y 12 que fueron reabiertos. Estos dan un total de seis mil 452, de los cuales dos mil 541 fueron concluidos en este período, quedando en trámite para el periodo siguiente 3 mil 911.

A nivel municipal se registraron un total de mil 47 señalamientos de probables violaciones a derechos humanos en 288 municipios; en seis de ellos se concentra el 26 por ciento de los señalamientos y el 74% dispersos en 282 municipios. Oaxaca de Juárez encabeza la lista con 112 quejas, Santa Lucía del Camino con 54 y Santa Cruz Xoxocotlán con 39.

En el ámbito estatal se registraron un total de mil 448 señalamientos por probables violaciones, entre las que sobresalen la Fiscalía General del Estado con 391, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca con 344, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con 188, el Tribunal Superior de Justicia con 183, los Servicios de Salud de Oaxaca con 63; los cuales representan el 79% del total de violaciones que correspondieron a este nivel.

“Esta información fue resultado del acopio de las quejas y su calificación, el seguimiento de investigaciones y la determinación de responsabilidades por probables hechos violatorios, realizados por el organismo, de las cuales es pertinente aclarar que una determinada queja puede implicar a uno o más hechos violatorios, en los que pueden estar involucradas una o más autoridades”, se señala en el informe.

Adicionalmente se recibieron 155 peticiones en contra de 39 instituciones públicas del orden federal involucradas en probables violaciones a derechos humanos de la población oaxaqueña, entre ellas, las cinco más recurrentes son el Instituto Mexicano del Seguro Social con 17, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con 15, la Guardia Nacional con 15, la Comisión Federal de Electricidad con 10, y el Instituto Nacional de Migración con siete.

“Todos estos asuntos fueron canalizados en su oportunidad a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para su atención y seguimiento; también fueron recibidas ocho peticiones correspondientes a otros estados a los que fueron canalizadas. Adicionalmente se tuvieron seis señalamientos de cinco instituciones de educación privada”.

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