Oaxaca, Oax., 28 de abril de 2022.- Trabajadores adheridos a la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladores (Conimer), marcharon este jueves del poniente de la ciudad de Oaxaca al zócalo capitalino en rechazo a las políticas e iniciativas de ley que buscan privatizar el reciclaje de residuos sólidos
Apoyados por la organización Antorcha Campesina, los integrantes de este sector de reciclaje denunciaron que estas iniciativas impulsadas por los senadores Ricardo Monreal y Raúl Bolaños Cacho podrían dejar sin empleo a 7 mil familias.
Durante su pronunciamiento, los recicladores explicaron que esta movilización se realiza de manera simultáneamente con 27 estados de la República, para mostrar el rechazo hacia tales iniciativas en la que se obliga a los trabajadores que se dedican a la recolección de desechos sólidos que pueden reciclarse o no, a contar con un permiso denominado “carta porte” para poder realizar esta actividad económica.
Además denunciaron que esta iniciativa establece que las autoridades de cualquier orden de gobierno los pueden detener para exigirles la presentación de estos permisos, lo cual dijeron, esto se presta a la extorsión o por ende los convertiría en «delincuentes», tanto que cualquier autoridad los puede sancionar por no contar con ese documento.
Por ello, justificaron que esta movilización es para exigirle al presidente Andrés Manuel López Obrador inclusión y respeto a su actividad laboral pues hay una segunda iniciativa que impulsan todos los partidos políticos llamada “economía circulante” en la que se busca la privatización o entrega de esta actividad económica a las grandes empresas.
Lamentaron que las autoridades locales y legisladores federales no den solución a estas demandas de los trabajadores, es por ello que «nos obliga a tomar otras acciones”, expusieron.
En su pronunciamiento realizado ayer en conferencia de prensa, los integrantes de la Conimer, aclararon que no están en contra de que se regule esta actividad, en lo que están inconformes es en las políticas que se han implementado y en las iniciativas de ley que laceran los derechos de los trabajadores y de las 7 mil familias oaxaqueñas que dependen de estos ingresos.
