Los testimonios recabados por Indigenous Peoples Rights International (IPRI) vinculan a la familia Iglesias, “una de las familias más poderosas de la región”, con el asesinato de los activistas opositores a la construcción de una presa hidroeléctrica en la comunidad Paso de la Reyna.
“El asedio y el desprecio”, informe de IPRI México sobre 16 casos de pueblos indígenas en el país, explica que en 2019 cuando la presidenta municipal de Santiago Jamiltepec en alianza con familia Iglesias, insistió en extraer material pétreo del Río Verde, la comunidad inicialmente se opuso, pero ante las presiones se vio obligada a suscribir un convenio que “reiteradamente fue violentado por la contraparte, por lo que en varias ocasiones generó momentos de tensión con la comunidad”.
En diciembre de 2020 dejaron de extraer el material y abandonaron provisionalmente su maquinaria en la jurisdicción del ejido de Paso de la Reyna.
Sin embargo, a los pocos días del abandono la maquinaria sufrió daños menores y esto ocasionó el enojo de Manuel Iglesias, uno de los caciques de la región quien se ostenta como concesionario del río.
“Esta persona exigió entonces el pago de daños y lanzó amenazas en contra de Fidel Heras, quien se desempeñaba como autoridad indígena, con el cargo de Presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reyna”.
Posteriormente, el domingo 17 de enero de 2021 se celebró una asamblea donde Fidel Heras rindió un informe sobre la situación de la explotación del material, y ahí informó la existencia de un adeudo de más de 500 mil pesos por parte de la familia Iglesias a la comunidad y se mandató al Comisariado para cobrar el adeudo.
Cuatro días después, el 21 de enero de 2021, Fidel recibió una nota anónima con amenazas de muerte, el papel fue encontrado al interior de una bolsa en las obras de construcción de la sede del Comisariado.
Dos días después de las amenazas, el sábado 23 de enero de 2021, alrededor de las seis de la tarde y a 300 metros de la entrada a la comunidad La Esperanza, perteneciente al municipio de Santiago Jamiltepec, fue encontrado el cuerpo sin vida de Fidel al interior de su camioneta con impactos de arma de fuego.
Meses más tarde, el 28 de marzo, fue asesinado a balazos Jaime Jiménez Ruiz, ex agente municipal de la comunidad Paso de la Reyna quien también fue parte del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever).
Mientras que en la noche del 14 al 15 de marzo de 2021, fueron asesinados a tiros Raymundo Robles Riaño, suplente del agente municipal, Noé Robles Cruz, y Gerardo Mendoza Reyes, también en la comunidad Paso de la Reyna.
Es decir, en un periodo de tres meses, fueron asesinados cinco defensores indígenas de un movimiento pacífico, en una comunidad de apenas 500 habitantes, que defienden su río.
La comunidad de Paso de la Reyna, está en la Región de la Costa Chica en el estado de Oaxaca y lleva más de una década en la defensa del Río Verde. Desde el año 2006, 43 comunidades de pueblos mixtecos, chatinos, afrooaxaqueños y mestizos constituyeron el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde para luchar en contra de la imposición de la Presa Hidroeléctrica de Usos Múltiples “Paso de la Reina” y el Proyecto Hidroeléctrico Río Verde.
La familia Iglesias ha sido vincula actividades del crimen organizado en la región Costa de Oaxaca, principalmente con el trasiego de drogas. Antonio Iglesias – miembro de esta familia –, fue titular de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado Oaxaca.
El informe del IPRI México, denuncia que a un año de los asesinatos, no se tiene ningún resultado de las investigaciones. Pese a que se han solicitado medidas cautelares para garantizar la seguridad de la comunidad y que la Fiscalía junto con la Secretaria de Seguridad Pública aceptaron otorgarlas, el proceso se paralizó y se dejaron de realizar las incipientes mesas de trabajo con las dependencias.
“El personal de la policía estatal se ha presentado esporádicamente en la comunidad, argumentando la falta de personal y de presupuesto para cumplir con los recorridos mínimos”, finalizó.
 vinculan a la familia Iglesias, “una de las familias más poderosas de la región”, con el asesinato de los activistas opositores a la construcción de una presa hidroeléctrica en la comunidad Paso de la Reyna.){kind=link}