Han pasado poco más de 6 meses de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió su sentencia en donde señalaba las irregularidades que contenía la actual Ley General de Comunicación Social y que el Congreso de la Unión debía enmendar.
El pasado 8 de febrero, el Poder Judicial de la Federación concedió una prórroga de 60 días para que el Congreso de la Unión cumpla con la sentencia. Esta prórroga venció el pasado 8 de abril, y a la fecha de hoy no existe materialmente un cumplimiento cabal a la sentencia del máximo tribunal constitucional del país. Por lo tanto, la sentencia permanece incumplida, por lo que las afectaciones señaladas por la Suprema Corte continúan. Por ello, el Poder Judicial deberá imponer las sanciones correspondientes por el incumplimiento de sentencia.
La Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados informó al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México que llevaría a cabo a través de la Subcomisión de Información y Democracia, las reuniones, mesas de trabajo y demás consultas necesarias para orientar el proceso de elaboración del dictamen respectivo, de las cuales se desconocen las reuniones y los temas en ellas abordadas, pues los trabajos legislativos que se han llevado a cabo no se han regido bajo el principio de parlamento abierto, incluyendo a una pluralidad de voces, actores y opiniones, siguiendo el patrón llevado a cabo en el proceso legislativo de 2018.
Asimismo, la Cámara de Diputados señaló que la Subcomisión de Información y Democracia elaboraría y aprobaría el anteproyecto de dictamen de reforma a la Ley General de Comunicación Social a más tardar el miércoles 6 de abril de 2022, del cual, también se desconoce su contenido. Este dictamen de reforma, sería discutido y en su caso aprobado por la Comisión de Gobernación y Población el lunes 18 de abril de 2022.
Se insta a ambas Cámaras de Diputados y Senadores que a días de terminar el segundo periodo ordinario de sesiones, y su prórroga solicitada, generen las condiciones para un debate plural y participativo para el intercambio de iniciativas y opiniones en torno a la Ley que regule la publicidad oficial.
En un contexto en donde la concentración de los recursos se deposita en un grupo privilegiado de medios de comunicación –Durante el 2021, las cifras preliminares arrojan datos de que tan solo 3 medios de comunicación reciben el 33% del total de la publicidad oficial que ascendió a 1,326 millones de pesos–, donde la asignación de los mismos se lleva a cabo de manera discrecional y sin reglas de operación, es indispensable contar con una legislación que regule debidamente la relación entre la prensa y el estado, y así, fortalecer la libertad de expresión y el derecho a la información, dotando de garantías a la ciudadanía para estar debidamente informada.
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