La Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA) exigió al Gobierno de México acatar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y concretar la reforma constitucional indígena pendiente.
Durante la presentación del informe Derecho a la libre determinación de pueblos indígenas y tribales, afirmó que a pesar de que la Constitución mexicana y diversos estándares internacionales han avanzado en el reconocimiento del derecho a la libre determinación y a la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, en los hechos estos continúan enfrentando enormes dificultades para el ejercicio del autogobierno, la aplicación de sus sistemas normativos y para el respeto y protección de sus tierras, territorios, bienes comunes y sus formas propias de vida y desarrollo.
“La discriminación estructural que siguen padeciendo los pueblos originarios es consecuencia, entre otras razones, de un marco legal que les niega su condición como sujetos plenos de derecho y facilita el despojo de sus territorios, por eso reiteramos el llamado al gobierno de López Obrador y al Congreso para materializar la reforma constitucional comprometida”.
La organización detalló que la iniciativa de reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, promovida desde inicio del sexenio por la actual administración con el respaldo de una importante base social comunitaria, fue presentada por las autoridades de la Tribu Yaqui al presidente Andrés Manuel López Obrador en agosto de 2021.
Desde entonces, hace ya 10 meses, se encuentra atorada en las oficinas del gobierno sin ser presentada ante el Congreso federal.
En su informe, la CIDH señala con preocupación que, en varios países, “los pueblos indígenas y tribales enfrentan obstáculos para el ejercicio de su libre determinación debido a limitaciones en los marcos jurídicos y políticos nacionales con respecto a su identificación y reconocimiento como pueblos diferenciados, y/o los aspectos colectivos de sus derechos…”.
Asimismo, advierte la “falta de respeto y reconocimiento de las instituciones representativas de los pueblos indígenas y sus procesos de toma de decisiones, particularmente cuando existen intereses económicos, comerciales, políticos, militares u otros sobre las tierras y territorios”.
La CIDH afirmó que otro obstáculo considerable “es la situación de violencia que enfrentan a raíz de la presencia e invasión de sus tierras por terceros, ya sea personas involucradas en actividades madereras, mineras, ganaderas o narcotráfico…siendo fuentes de grave riesgo y amenaza contra la supervivencia física y cultural de dichos pueblos”.
En su informe la Comisión Interamericana recomendó a los Estados de la región, entre ellos México, adoptar medidas para garantizar el derecho de los pueblos indígenas y tribales a ejercer de manera práctica y efectiva la libre determinación en el marco de sus propios procedimientos, instituciones y concepciones del mundo; entre otras recomendaciones.
“Lo señalado por el Informe de la CIDH retrata la dolorosa realidad que siguen padeciendo los pueblos de México”, sostuvo la ALDEA.
 exigió al Gobierno de México acatar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y concretar la reforma constitucional indígena pendiente.){kind=link}