Ciudad de México, 24 de agosto de 2022.– El exprocurador Jesús Murillo Karam fue vinculado a proceso por los delitos contra la Administración de Justicia, tortura y desaparición Forzada (reclasificado con base en el Código Penal Federal) en el caso de los normalistas de Ayotzinapa, ocurrido en 2014.
Así lo determinó el Juez de Control del Reclusorio Norte, Marco Antonio Tapia, durante la audiencia que se llevó a cabo este día en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México y que duró más de siete horas.
Vestido de chamarra y pantalón beige y con las manos en los bolsillos, Murillo Karam ingresó al Reclusorio Norte donde a las 9:20 de la mañana se dio inició a la esperada audiencia en la que estuvieron presentes además de su defensa los fiscales, y representantes de los medios de comunicación.
Murillo Karam fue detenido el 19 de agosto por el departamento que él mismo dirigió de 2012 a 2015 y está acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de Desaparición Forzada, Tortura y Contra la Administración de Justicia de crear una versión falsa sobre la desaparición de los jóvenes.
En 2014, ante la presión pública para que se aclarara un caso que generó conmoción dentro y fuera de México, Murillo Karam calificó como “verdad histórica” su versión de los hechos: que los jóvenes fueron capturados por policías locales y entregados a criminales y que éstos los mataron, los quemaron en un basurero y arrojaron sus restos a un río.
Sin embargo, aunque se identificó a tres estudiantes a partir de huesos calcinados, un grupo de expertos internacionales y la actual fiscalía mexicana echaron por tierra la versión del basurero, confirmaron que en el crimen participaron fuerzas de seguridad y militares, que hubo manipulación de pruebas y de escenarios y que se torturó a decenas de detenidos, lo que unido a otras irregularidades derivó en que muchos de los procesados quedaran en libertad.
Durante la audiencia la defensa del ex Procurador se concentró en debilitar las pruebas de la Fiscalía alegando que no tiene “indicios razonables” para abrir el proceso. En su intervención la defensa solicitó al juez que se excluyan del proceso las conferencias de prensa que ofreció Murillo Karam en las que habló sobre la desaparición de los 43 estudiantes alegando que van contra el derecho a la no autoincriminación del acusado y porque el Ministerio Público “descontextualizó” las declaraciones.
En relación con la controvertida “verdad histórica” que creó Murillo Karam, su defensa afirmó que fue un “concepto jurídico” y no una “confabulación” del exfuncionario.
Al refutar los tres cargos por los que fue detenido el exprocurador, la defensa alegó que el delito de tortura había prescrito y que el cargo por desaparición forzada estaba basado en la ley que entró en vigor después de los hechos. Asimismo, aseguró que no había pruebas suficientes sobre la manipulación de las pruebas.
Más temprano, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó, durante su conferencia matutina, que espera que todos hablen en el juicio y que “si dicen que no es nada más Murillo Karam, pues que Murillo Karam diga quién le dio la orden”.
López Obrador se quejó nuevamente del retraso de Israel en la extradición de Tomás Zerón, exjefe de la investigación de la extinta Procuraduría y subalterno de Murillo Karam, quien enfrenta cargos por tortura en el caso de los 43 normalistas y afirmó que las autoridades israelíes “no pueden estar protegiendo a personas así”.
En una primera audiencia un día después de su captura en la Ciudad de México sus abogados intentaron que siguiera el proceso en arresto domiciliario con el argumento de la mala salud del exfuncionario, de 74 años. Pero el juez se negó alegando que existía riesgo de fuga y desde entonces se encuentra recluido en una cárcel del norte de la capital.
En un informe presentado la semana pasada la Comisión de la Verdad fue más allá al calificar lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 -durante el gobierno de Enrique Peña Nieto- como un “crimen de Estado” organizado “desde el más alto nivel” y que se ocultaron los vínculos de las autoridades con los criminales y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y de impartición de justicia en la desaparición de los estudiantes.
Según medios locales que tuvieron acceso a la primera audiencia el fin de semana, los fiscales dejaron en claro que hay pruebas suficientes que acreditan que Murillo Karam inventó su versión para cerrar el caso cuanto antes y dijeron que esa “verdad histórica” se ideó en una reunión con otros altos funcionarios.
Entre otras evidencias destacaron que la versión del basurero presentada a la prensa estuvo basada en declaraciones de personas, que fueron torturadas, antes de que éstas rindieran su declaración formal.
La Fiscalía ha emitido 20 órdenes de captura contra militares, entre los que hay mandos y personal de los batallones que están situados en Iguala, donde fueron capturados los jóvenes. Además se busca a otros 62 funcionarios, criminales y policías.
Aunque el móvil del crimen sigue sin estar claro, el informe de la Comisión de la Verdad reactivó la hipótesis de que esté vinculado con el tráfico de heroína en la zona. A ocho años del crimen no hay indicios de que los estudiantes estén vivos y se desconoce cuál fue su destino.
(Información retomada de Sin Embargo)
