NÉSTOR Y. SÁNCHEZ ISLAS.
Grave crisis atraviesa Oaxaca. No solo es la pandemia y la mala situación económica. Todo aquel que tenga alguna propiedad está en riesgo de ser despojado, así de grave; es una mafia que opera desde el poder.
En los años 70 hubo grandes despojos cometidos en nombre de la lucha social. Candiani, el Trapiche de Zimatlán, la colonia González Guardado o la colonia Lomas del Puerto en Puerto Escondido. No vayamos más lejos, la colonia Heladio Ramírez López en el nombre lleva la penitencia.
Hoy los despojos son cometidos por estirados personajes de cuello blanco. Lo hacen desde la comodidad de sus oficinas y, en estas redes están involucrados algunos altos funcionarios, algunos conocidos abogados y, por supuestos, algunos notarios y jueces cuya mala fama los precede.
Los despojos ya no son por medio de la violencia, ahora lo hacen alterando registros en el Registro Civil, en el Catastro y la Dirección de Notarías. Ha llamado tanto la atención de este modus operandi que ha sido difundido en noticieros nacionales de Tv y de radio. La prensa local también lo ha hecho y, a pesar de ello, poco se sabe de personas detenidas y sancionadas.
El portal digital “Eje Central”, uno de los sitios de internet con mayor tráfico y dirigido por Raymundo Riva Palacio tiene en su portada, desde hace varios días, un largo reportaje titulado “Oaxaca, la red del despojo”. Y tiene razón, el asunto es grave.
Textualmente dice: “Desaparecer en Oaxaca, hasta el punto de no haber nacido o tener padres ficticios es un riesgo real, latente y parece sistemático. Y es que todo el sistema de gobierno, desde las instancias federales, estatales y municipales se articulan en una red que es capaz de, literalmente, eliminar y sustituir los registros públicos de las personas, y con ello perder además de la identidad, el parentesco y arraigo familiar con el fin de despojarlas de su patrimonio.”
El párrafo anterior denota la gravedad de la crisis: si una propiedad suya le apetece a alguien de ese grupo mafioso podrían quitarle no solo la propiedad sino hasta su misma identidad.
La investigación de ese reportaje se centra en el caso de los hermanos Herbé, Caleb y Ashmar Gómez Conzatti y Martínez, a quienes desde el Instituto de la Función Registral y los institutos catastrales estatal y municipal les suplantaron la identidad y los despojaron. Dado el número de instituciones involucradas podemos deducir el tamaño de la red mafiosa.
El mismo método de suplantación y despojo se cometió contra un grupo de más de mil comuneros de Santo Domingo Ixcatlán, a quienes desde el Registro Agrario Nacional, el Registro Civil y la Procuraduría Agraria los dieron por muertos para arrebatarles sus tierras.
El portal digital señala que “una suerte de mafia de notarios públicos y funcionarios” ha hecho lo mismo con otras personas, la Arquidiócesis o el mismo IMSS, tal vez refiriéndose al oscuro caso de los terrenos de la ex fábrica de Triplay.
“Complicidades desde el poder” señala el reportaje y menciona, que raro, a un ex titular del Registro Público de la Propiedad, a un exconsejero jurídico del gobierno del estado, a un exdirector del Registro Civil y al jefe de la unidad jurídica de éste.
No sorprende tampoco la mención de algunos notarios involucrados en estos delitos, sobre todo porque la mayoría de los hoy titulares de una patente fueron funcionarios que, en su momento, recibieron la notaría como pago de sus servicios del gobernador en turno.
El reportaje es largo, menciona nombres y presenta documentos. Puede buscarlo como “Oaxaca, la red del despojo” en el portal digital Eje Central.
Oaxaca merece una respuesta firme, no debemos tolerar el legalismo en que se amparan para no probarles sus delitos porque quienes los están cometiendo lo hacen con todas las ventajas de estar en el poder o la titularidad de alguna institución y saben muy bien conducirse sobre el delgado filo entre la legalidad y la ilegalidad. Actúan a través de terceros, ellos se mueven en la sombra para que nada se les pueda probar.
Para quienes hemos sufrido un despojo sabemos de la rabia y la impotencia que se vive al ser víctima de un delito por quien, se supone, juró actuar dentro de lo que establece la Constitución. La lentitud de los órganos de justicia y el tráfico de influencias de los delincuentes hacen difícil la defensa por parte de las víctimas a quienes, en el mejor de los casos, solo les darán el clásico “usted disculpe”.
El gobernador y el presidente municipal le deben una respuesta inmediata a los oaxaqueños. Quienes están delinquiendo pertenecen a sus equipos, los conocen y por supuesto que están informados de la fama que los precede. La alteración de registros solo es una muestra de la profunda corrupción en las altas esferas del gobierno y, en ejercicio de la libertad expresión, es función de la prensa exhibirlos.
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