Cuauhtémoc Blas
El asesinato de periodistas, así como los feminicidios y demás asesinatos, continúan de manera sostenida en México. Viene de atrás, como toda historia, pero a tres años del actual gobierno de la república no hay políticas públicas para tratar de detener esa masacre. En el transcurso de 10 días recientes se han dado tres asesinatos de periodistas, de los 28 que van en este sexenio.
El asesinato de la destacada periodista, Lourdes Maldonado, ejecutada con un balazo en la cabeza este 23 de enero en Tijuana B.C. Días antes, en esa misma ciudad y con el mismo modus operandi ejecutaron al fotorreportero Margarito Martínez en la puerta de su casa. En ese transcurso asesinaron a Luis Gamboa Arenas en Veracruz.
La primera llevaba seis años de litigio contra la empresa de medios de comunicación donde trabajó y fue despedida, propiedad del exgobernador morenista de Baja California, Jaime Bonilla Valdez. También exsenador y exsúper delegado de Bienestar en esa entidad. Incluso, Lourdes acudió a pedir ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia Mañanera, en marzo de 2019, donde acusó a Bonilla de desplegar todo su poder contra ella. La comunicadora también expresó ahí que temía por su vida.
Aunque Lourdes Maldonado había ganado el laudo de su litigio contra la empresa de Bonilla Valdez, existe una reticencia a poner al aludido en una línea de investigación del caso. El mismo presidente sugirió que no era vinculante un caso laboral con el penal. Del fotoperiodista Margarito Martínez, rápidamente salieron con que su asesinato se en peleas entre vecinos por un terreno. Hay prisa por dar el famoso carpetazo, con cualquier argumento. Ahora han tenido que abrir otra línea de investigación que contempla a la delincuencia organizada.
La impunidad es casi total en México para los casos de agresiones a periodistas, entre 97 y 98 por ciento de impunidad. En Oaxaca se da el mismo porcentaje. Parece que hubiera una línea nacional y estatal para que las fiscalías se desatiendan de esos casos.
Para el ámbito nacional sostiene lo anterior que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), siga aún ahora en la 4T con la misma ineficiente función de siempre, a más de 10 años de su creación.
Con datos del 2020, que ilustran el papel de la FEADLE cuyo récord de era del 99.06 de los casos sin resolver. Con solo cuatro sentencias condenatorias de 803 averiguaciones previas, lo cual equivale a una eficacia de 0.4 por ciento. Y este gobierno de la 4T sostuvo y sostiene al mismo Fiscal designado durante el “neoliberalismo” por Peña Nieto: Ricardo Sánchez Pérez del Pozo. Es evidente que no hay en la 4T la intención de acabar con la impunidad. https://fb.watch/aOx1UrCBvm/
Oaxaca, con la misma impunidad oficial
En Oaxaca sucede los mismo. La Unidad Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión sirvió absolutamente para nada. Recluida en una sórdida oficina con un “licenciado” y una secretaria, para atender amablemente a los quejosos, pero nunca iniciar siquiera una averiguación. Ante la insistencia de atención por parte de la Asociación de Periodistas de Oaxaca A.C. (APO), el titular de esa oficina expresó que no podían atender asuntos que competen al ámbito federal, cuando días antes en una reunión con la FEADLE en Oaxaca se comprometió un trabajo de colaboración con los estados.
Después de la muy publicitada reunión de todos los gobernadores con el presidente Peña Nieto, para la magna simulación de atender los asesinatos de periodistas, el gobierno de Oaxaca fue el primero en crear esa Unidad Especializada. Con ello solamente confirmó su destacada labor de simulación. Ni siquiera se completó la creación de dicha Unidad, no se nombró el Consejo ciudadano que exigía el decreto de creación.
Los casos de impunidad también menudean en la entidad, sobre todo de los presidentes municipales contra los comunicadores. La impunidad de los ediles es total. Nunca procede una demanda contra los presidentes municipales que atentan contra la libertad de expresión en Oaxaca. De eso podemos dar testimonio con el caso de una periodista de la Cuenca del Papaloapan, quien hizo su denuncia formal, pero casualmente en esos días el vice fiscal salió de vacaciones, nadie quedó a cargo. En ese, como en otros casos, ni siquiera se inició el juicio. La impunidad de los ediles es al 100 por ciento en Oaxaca.
