Cuauhtémoc Blas
El 13 de enero hubo elecciones en la Asociación de Periodistas de Oaxaca (APO), para renovar a su dirigencia. Los resultados ya se preveían desde que el Consejo electoral asociado al Consejo directivo saliente, violaron los estatutos, al menos en cuatro ocasiones a favor de su planilla roja. Ya que circulan versiones mentirosas que buscan justificar a una directiva espuria, incluso hasta agraviando a quienes nos opusimos a las ilegalidades, hacemos un breve relato.
Se registraron la planilla blanca y la planilla roja. Primera violación: La roja se registró fuera del tiempo establecido en la convocatoria. Segunda: se auto registró con esa planilla uno de los miembros de la Comisión electoral, Javier Hernández Córdoba, lo que está prohibido por dichos estatutos, pues debió renunciar a esa Comisión antes de contender. (Artículo 42).
PSEUDODIRIGENTES CUESTIONADOS
La tercera y más grave violación es que dos de los tres integrantes estén muy cuestionados: Adrián Ortiz Romero Cuevas, acusado de corrupción en lo que fue la Fundación COBAO; y Miguel Ángel Luna, de ser “oreja” (espía) de la policía. (Inciso C del artículo 23, que también se contempla en los viejos estatutos). El otro, Javier Hernández Córdoba, dejó el periodismo hace 30 años. (Inciso III, artículo 42, exige que sean activos, también contemplado en los viejos estatutos).
Algo central del problema fue que este grupo no permitió hacer efectiva la votación de los socios de la Costa, votos que fueron ilegalmente rechazados por una asamblea inflada con nuevos “socios”, expresamente para “mayoritear”. La camarilla asocia a cualquiera, Andrés Rodríguez incluyó a su hijo, Ángel, y Alejandro López a su esposa Claudia Cristóbal, recién nombrada directora de Comunicación Social de la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca.
Antonio Sumano dijo que los votos de la Costa no podían ser válidos por presentarlos uno de los contendientes. El ARTÍCULO 42, VI dice: “Los socios de las regiones podrán acudir a votar directamente o enviar sus votos en sobre cerrado a un socio que ellos designen”. Esos votos, agregó Sumano, debieron enviarse a la Comisión electoral que él y Hernández Córdoba, presidían; comisión perpetradora de todas las ilegalidades mencionadas. Con esa índole, ¿qué confianza tendrían para enviarlos a una comisión descompuesta?
Ante tantas irregularidades, se dio la propuesta de reponer el proceso pues, se dijo, es como si la presidenta del instituto electoral se registrara como candidata. A lo que Carlos Cervantes Pérez, espetó: “Eso se da allá, acá es otra cosa”, es decir, la legalidad puede darse en otra parte, no en la APO. Patético que quienes tienen la función de la crítica, que denuncian injusticias y fraudes piensen que ellos sí pueden perpetrarlas.
EN EL GOBIERNO DEL GENERAL JIMÉNEZ RUIZ
Los viejos estatutos fueron creados en 1978, al fundarse la APO en el gobierno interino del general Eliseo Jiménez Ruiz. Parece obvio que un gobernante de mano dura no iba a propiciar una organización sólida. La atadura fueron los cuasi estatutos, con los que se elegía a mano alzada (usos y costumbres) a dirigentes muchas veces enemistados entre sí, y a comisiones de honor y justicia ajenos al equipo directivo, a veces enviados a removerlos, para garantizar la inmovilidad de la organización.
Lo que aprovecharon los sucesivos gobiernos. Sobre todo, José Murat Casab quien en 2004 entregó en comodato una propiedad del gobierno para la Casa del Periodista. Político que sabe aprovechar a estos aparatos ideológicos de Estado, como los llamó Antonio Gramsci. Dicha casa es propiedad del gobierno del estado, no de Murat, por lo que debería servir con una infraestructura para apoyar a los comunicadores, no como ahora que la tienen sin internet ni teléfono y en algunos periodos hasta sin luz eléctrica.
MODERNIZACIÓN Y DEMOCRATIZACIÓN, FRUSTRADAS
En 2017-2019, periodo en que quien escribe estuvo en la dirigencia de la APO, iniciamos la tarea de modernización de la gremial, con nuevos estatutos para empezar ese proceso. Elecciones en urnas y por planillas para tener en la directiva equipos homogéneos, y que esta eligiera a su grupo de trabajo. Hubo resistencias, pero fue aceptado, pues sirve a quien esté en la directiva. Sirvió para que, al fallecer Felipe Sánchez, el miembro de honor y justicia, Wilfrido López Torres, ocupara su lugar. Cuando los nuevos estatutos les benefician recurren a ellos, cuando no, acuden a los antiguos. Wilfrido fue otro de los autores del fraude en cuestión.
Los esfuerzos por avanzar hacia una asociación democrática y moderna, en defensa de la libertad de expresión, fueron infructuosos, por ello ocho socios hemos salido de la APO, algunos con carta de renuncia, casi una tercera parte de su membresía, habida cuenta de lo reducido de esta. Misma que ahora está integrada en buena parte por exfuncionarios públicos, jefes y exjefes de oficinas de prensa o empleados de éstas, y unos pocos periodistas.
En sus libelos anónimos, la camarilla suelta que nada hicimos en nuestra segunda gestión al frente de la directiva y otros peores dichos. Entre algo de trascendencia que podemos mencionar, fue que fundamos la Plazuela de la Libertad de Expresión “Ricardo Flores Magón”, con el busto del héroe. Pero hay que ver la página 25 de la revista En Marcha núm., 216, año XX, de septiembre de 2018. (Adjunto a este texto)
MEJORAR EL PAPEL DEL PERIODISMO
El papel de la prensa frente al poder en Oaxaca ha sido desafortunado, actor fundamental en los últimos conflictos sociales de Oaxaca, escribí en mi libro “Oaxaca ínsula de rezagos”. https://revistaenmarcha.com.mx/…/3241-2021-05-23-20-03…. A esto es que debemos avocarnos, a responder mejor a nuestras sociedades en su derecho a la información. Lo que exige tener garantizada la libertad de expresión, dos fundamentales derechos humanos, sin los cuales no hay desarrollo democrático.
Lo último exige organizaciones sólidas de verdaderos periodistas, con unidad (no unanimidad) ante los embates de siempre. En eso estamos, en la gestación de una Red Estatal de Periodistas, cuyos objetivos iniciales serán: “Constituir una red de apoyo y reacción inmediata ante situaciones de riesgo de los periodistas que integren la Red, y apoyar en la protección de quienes sean objeto de presiones o amenazas por el ejercicio de su profesión”.
