Hace dos años, más de 150 hombres armados torturaron y asesinaron a 15 personas en Huazantlán del Río, agencia municipal de San Mateo del Mar, en el Istmo de Tehuantepec. Fue un 21 de junio, cuando 31 mujeres y hombres, habían tomado el edificio de su agencia, por conflictos electorales. Por la noche llegaron a desalojarlos salvajemente: 13 hombres y dos mujeres fueron masacrados allí, torturados, colgados y quemados vivos.
Este 21 por la mañana, frente a las oficinas de la Fiscalía General de Oaxaca, miembros del Comité de Víctimas y Familiares Ikoods de la Masacre de San Mateo del Mar, denunciaron de nuevo la impunidad. De 161 órdenes de aprehensión solo una se ha ejecutado.
Los 16 sobrevivientes son testigos fidedignos, vieron a los asesinos, dan los nombres, sin embargo, la fiscalía y el gobierno de Oaxaca se niegan a hacer justicia, lo que varios de los sobrevivientes exigieron en este mitin.
El vocero del Comité de Víctimas y Familiares Ikoods de la Masacre, Jorge Arroyo, relató el largo e infructuoso peregrinar por Fiscalías, oficinas de gobierno, de Derechos Humanos, de Oaxaca y la Ciudad de México. Las respuestas de las autoridades oaxaqueñas rayan en el absurdo:
Secretaría General de Gobierno, prohíbe ejecutar órdenes de aprehensión
Pidieron al Fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos, que ejecutara las órdenes de aprehensión, y este les dijo que el secretario General de Gobierno, Anuar Mafud, dispuso que no se ejecutaran.
“Fíjese en lo que está diciendo —le dijeron los agraviados—, sea mesurado en su lenguaje, ¿cómo nos va a decir que un funcionario de otro nivel dispone eso?” De nuevo respondió Vasconcelos: “Díganle que yo les dije que él no quiere que se hagan efectiva las órdenes”.
Cambiaron al secretario general de Gobierno en octubre de 2020, y el nuevo, Francisco García López, les dijo: “Ya tuve una reunión con Salinas, ya tuve otra con tal y tal”. “Oye —le respondieron— te estás reuniendo con los asesinos”; “Sí —respondió el nuevo funcionario—, pero ustedes iniciaron con lo político”. “Quedamos sorprendidos, como si no tuviéramos derecho de participar en política”, sostuvo Arroyo. También ya hay nuevo fiscal general, pero es igual.
A las 12 de la noche de la agresión, agregó, pudieron hablar con Karina Barón, funcionaria federal de seguridad en Oaxaca, pues a esa hora ya había muertos; no hubo respuesta. Arroyo sostiene que si ella hubiera intervenido, se habrían evitado más muertes, que no cesaron de darse en el transcurso de la media noche hasta las 5 de la mañana.
El vocero dijo que podría configurarse crímenes por omisión, y no solo de Karina Barón, pues la matanza se realizó con destacamentos en esa población de todas las corporaciones policiacas, policías estatales y la Guardia Nacional. Antes de la masacre, durante esta y después hubo presencia policiaca sin que movieran un dedo, recalcó Arroyo.
El vocero insistió en su discurso en lo que llamó “un manual de los agresores”. Fue un ataque planeado, sistematizado, con todo un proceso de descomposición social que fueron creando. Es como una receta que se repitió en la población de Amatlán. Son los mismos actores, un grupo paramilitar preparado para la violencia.
Antes de la masacre, las dos mujeres ikoots fueron violadas y torturadas; no las quisieron recibir en la Vicefiscalía de Salina Cruz; viajaron a la Ciudad de Oaxaca, donde la Defensoría de Derechos Humanos ni siquiera las atendió, menos emitió medidas cautelares. Si esa Comisión las hubiera defendido quizá estarían vivas. Sabían que matándolas descabezaban el movimiento, que inició por la exigencia de participación de las mujeres de esa comunidad de usos y costumbres, Huazantlán del Río, sostiene Arroyo.
Testimonios del libro Operación San Mateo del Mar
Precisamente, en esos usos y costumbres los caciques ligados al PRI y grupos armados se escudan para agredir a quienes exigen sus derechos. Cuentan con la complicidad del gobierno y del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca (IEEPCO), el que, no obstante que los violentos perdieron las elecciones, los reconoció como ganadores.
Lo anterior se lee en los testimonios del libro presentado este martes en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (https://n9.cl/jwk11 ) donde expresan que los verdugos detuvieron y encarcelaron a una mujer “por mandato de la Asamblea”. La Asamblea es la “máxima autoridad” de esos pueblos, con la cual los caciques deciden lo que les viene en gana. https://n9.cl/jwk11
En ese mismo marco de represión de los pueblos, señaló Jorge Arroyo, se dio este 14 de junio el asesinato de Pedro Vásquez Ramírez en San Agustín Loxicha, perpetrado por caciques que no quieren soltar el control de ese municipio de la Sierra Sur. Todo esto, acusó, ante la indiferencia de los gobiernos estatal y federal.
@blaslc
