Cuauhtémoc Blas
A los municipios de usos y costumbres (uyc), campeones en detenciones arbitrarias de sus topiles-policías, les queda bien la canción de Molotov: “Si les das más poder al poder, más duro te van a venir a coger”. La mayoría de las quejas de violaciones de derechos humanos, presentadas en la DDHPO, son por esos conceptos, acompañados de una extorsión de 500 a 100 mil pesos.
En esos pueblos quienes tienen el poder local imponen las “multas” que se les ocurre. Sus uyc son la coartada para gobernar sin lineamientos normativos formales, sin las leyes que deben regir a todos los mexicanos. Ellos mismos violan a menudo sus uyc. Con el garlito de que la asamblea es la máxima autoridad, le adjudican a ésta toda clase de abusos, incluso sin que realicen las asambleas.
Muy a la mano tuvimos las violaciones de uyc, en el municipio urbano San Sebastián Tutla, conurbado a Oaxaca. Aquí la “democracia directa” es cada vez menos eficaz. Hace algunos años dos familias se disputaban el control del poder y, por supuesto, el erario.
Los grupos de poder local tienen el control de la sucesión al ser la misma autoridad municipal quien convoca a elecciones. En las elecciones recientes, un grupo de pobladores nacidos ahí denunció la violación de sus uyc; entre lo principal: cambiar la sede de la elección de una explanada abierta a un lugar cerrado, donde la policía solo dejaba pasar a quienes les indicaban.
La crisis de los uyc en esa localidad, ya urbana, es notoria por el abstencionismo. El ganador, apenas alcanzó poco más de 600 votos, cuando los votantes potenciales son alrededor de 5 mil, con una población total de 16 mil 878 habitantes (INEGI). Aquí no hay democracia al no permitir la participación de la mayoría de los ciudadanos. Más de 12 mil habitantes del Fraccionamiento El Rosario quedan sin participación y sin representantes, violando sus derechos constitucionales.
Otro caso de estas recientes elecciones se dio en Santiago Yaveo, donde Essica Vásquez Romualdo, quien intentó participar en las elecciones bajo uyc, fue sacada de la asamblea y encarcelada. Se ejerció sobre ella excesiva dureza: violencia política por razón de género; pasó más de 24 horas encarcelada, pero antes la hicieron caminar un kilómetro con burlas y vejaciones a su paso.
En la Agencia Municipal de San Luis Beltrán, de Oaxaca de Juárez, Leticia Martínez denunció que violaron sus derechos políticos al no permitir su participación para la elección de la titularidad de esa agencia municipal. Ahora, dijo, enfrenta amenazas y hostigamiento por parte del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), que cuenta con el apoyo del edil, Francisco Martínez Neri.
Con toda esta violencia, los vividores del indigenismo aún sostienen que hay que darles más “autonomía”. Por cierto, quienes hilvanan esos discursos sin sustento científico, son quienes han hecho fortuna así, son quienes ocupan o han ocupado altos cargos en la burocracia gubernamental, el mejor ejemplo es el del fundador de Servicios del Pueblo Mixe, iniciador de esta dañina simulación: Adelfo Regino Montes, miembro del gabinete del gobierno federal, director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), encargado de falsear las consultas a los pueblos indígenas. Pero hay muchos más arribistas-indigenistas, quienes hasta a magistrados han escalado.
Al contrario, estos ayuntamientos deben ser más reglamentados y vigilados; que emitan su bando de policía y buen gobierno; que transparenten sus administraciones; aplicarles la ley por imponer multas no establecidas legalmente; juzgarlos por torturar a ciudadanos y ciudadanas. Todo el peso de la ley a quienes acostumbran la venta de niñas en varias de esas poblaciones, viejo delito impune https://www.youtube.com/watch?v=QirPlkO_0YY&feature=youtu.be
@enmarchaoax24
