Cuauhtémoc Blas
La asamblea de usos y costumbres de Villa de Díaz Ordaz, pequeño municipio indígena aledaño a Tlacolula de Matamoros, decidió prohibir el uso de fuegos artificiales en su población.
Prohibición que será efectiva, pues en poblaciones bajo ese atávico régimen colonial sí existe el monopolio de la violencia. Quien no obedece, sufre castigos insospechados por ciudadanos de zonas urbanas.
Esta imposición es absurda, pues los cohetes apenas alcanzan 40, 60 y máximo 80 metros de altura, ni siquiera superan lo de una cuadra. Los fuegos artificiales, que se disfrutan en el centro de las poblaciones, no pueden incendiar bosques.
Eso lo dicta el simple sentido común y nuestra experiencia como habitante de poblaciones fiesteras, además, consultamos a otros pobladores similares. Es el ruido de la explosión de estos artefactos, lo que puede ser dañino, pues hasta sus efectos tóxicos son mínimos.
Pero inguno coincide con que esos fuegos artificiales puedan originar incendios, a menos que vayan a la orilla del bosque a aventarlos, lo que sería otra cosa: un incendio provocado. Ha sucedido que alguna enramada se prenda al caer un cohete, como suceso excepcional.
FUEGOS ARTIFICIALES NO INCENDIAN BOSQUES
También consultamos el portal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la dependencia federal que atiende esta problemática, donde nunca menciona a los fuegos artificiales como causantes de incendios.
El 99 por ciento de los incendios, señala esta dependencia, es provocado por actividades humanas, entre estas destaca las de los fumadores que tiran colillas encendidas en el bosque.
Destacan como causales de incendios las actividades agrícolas. La dependencia no menciona a la anacrónica tradición indígena de roza, tumba y quema, quizá por lo políticamente incorrecto de criticar a los sacrosantos pueblos originarios. Por lo cual la denomina con este eufemismo: “uso del fuego en otras actividades productivas dentro de áreas forestales”.
A esta tradición, tan milenaria como dañina, es que los mandones de Díaz Ordaz deberían enfocar sus impulsos autoritarios, al ser una probada causa de incendios. Habrá que esperar que prohíban también el consumo de cigarrillos, catalogados por la Semarnat como causa de incendios.
Esta disposición de la asamblea general del pueblo de usos y costumbres o más bien abusos y malas costumbres, sucedió a mediados del pasado mes de mayo. No hallamos en las informaciones de esos días un caso específico en que se funde su represión.
MEJOR QUE PROHIBAN LOS AVIONES
Una medida de verdad efectiva sería la prohibición de los aviones que surcan el cielo díazordacino, pues la caída de estos sí figura entre las causas de incendios: “Accidentales: Rupturas (sic) de líneas eléctricas, accidentes automovilísticos, ferroviarios y aéreos”.
Como la mayoría de esas decisiones, esta nueva “legislación” contra los cohetes la hicieron de nuevo fuera del marco legal. Ningún amparo o recurso constitucional sirve, los castigos son inevitables en estas poblaciones rezagadas. Por si fuera poco, merman los ingresos de las familias fabricantes de fuegos artificiales.
Ello no obstante que entre las legislaciones con que los gobiernos han pretendido beneficiarlos está escrito que pueden decidir libremente, pero no contraviniendo las leyes constitucionales. Lo mismo se establece en Los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales: el famoso Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de la ONU, que en su capítulo nueve dice:
“En la medida en que ello sea COMPATIBLE CON EL SISTEMA JURÍDICO NACIONAL Y CON LOS DERECHOS HUMANOS INTERNACIONALMENTE RECONOCIDOS, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente …”
En Pamplona, España, del 6 al 14 de julio se realiza la Fiesta de San Fermín, con fuegos artificiales durante más de una semana -nos comentó un entrevistado- donde participan las familias sin que se les ocurra prohibirlas. Pero las asambleas de nuestros “pueblos sabios” disponen de lo que sea. O quizá el señor autoridad de ahí padece de migraña.
Otras poblaciones toman decisiones extremas: desde el destierro de familias por profesar una religión diferente a su religión de “Estado”, la católica, hasta castigos corporales atroces. Donde manda la Asamblea no gobierna la constitución ni convenio internacional alguno.
Todo esto tolerado por quienes deberían imponer el Estado de derecho en todos los rincones de México.
