Opinión: Dimas Romero González
El pasado jueves 25, poco más de trescientos ciudadanos capitalinos marchamos rumbo al ayuntamiento para pedir al presidente municipal que brinde un alternativa a un grupo de 70 recolectores “particulares” de residuos que se han visto impedidos a laborar porque se les niega el acceso al relleno sanitario de la Villa de Zaachila.
La manifestación no pudo llegar a su destino porque en todos los accesos a las oficinas en que despacha el CP. Francisco Martínez Neri, se colocó un aparatoso operativo con granaderos y vehículos policiales que impedían el acceso. No hubo intento de diálogo con quienes encabezábamos esta manifestación pacífica, ni declaración oficial al respecto, ni del presidente ni de funcionario alguno. En cambio, circuló un número considerable de notas de portales de internet que nos dieron, sin confesarlo, el mensaje que el munícipe envía a estos ciudadanos que solo buscan ayuda para ejercer el precario oficio que es, además, el sustento único de sus hogares, pues en casi todos los casos, laboran familias completas.
Pues bien, el presidente muncipal, a través de sus voncingleros, intentó deslizar el problema con burdos comentarios difamatorios que no se sostienen en pie a la menor argumentación. Dice por ejemplo, que los recolectores solicitan que el ayuntamiento les entregue los dineros de los oaxaqueños, que se les permita no cumplir con sus obligaciones en materia de impuestos y contribuciones al erario, que son empresarios que buscan beneficiarse con ventaja o, en el colmo de la calumnia, que un servidor “azuza” a los manifestantes a que se confronten con los granaderos, cuidándose muy bien de no referirse al derecho constitucional de esos ciudadanos a un empleo digno y a la responsabilidad que el ayuntamiento en distintas administraciones ha adquirido con los impuestos recibidos por el servicio de recolección, que se sustenta además, con los convenios de funcionamiento renovados de manera permanente a través de los años, razones todas ellas, en que se fundamenta la petición que se le hace al ayuntamiento.
En el fondo de esta campaña por desvirtuar la lucha de los recolectores de residuos, está el argumento de que el municipio no tiene competencia en esta cuestión de particulares que ejercen una actividad comercial que no depende del ayuntamiento. Pero los oaxaqueños y los mexicanos debemos empezar por poner un alto al doble discurso y la demagogia de nuestra clase política y gobernante, porque en primer lugar, estos humildes trabajadores no están pidiendo dinero ni condonaciones, sino que el presidente y sus funcionarios con la investidura y las herramientas del ayuntamiento, consiga un mecanismo de transferencia de residuos que estos ciudadanos, debido a su precaria situación económica no pueden conseguir por su cuenta.
Y esto no es un capricho o un abuso, sino el derecho a un empleo digno, tutelado por los artículos 5 y 123 constitucionales, que estipulan la obligación de las autoridades a brindar las condiciones para que este derecho se haga efectivo. En ese sentido, el gobierno municipal como uno de los tres niveles de gobierno del Estado mexicano, está obligado constitucionalmente a atender esta problemática, y si ella escapa de su jurisdicción directa, a involucrar a las dependencias necesarias para resolver esta situación que vulnera, de nueva cuenta, a estos trabajadores a los que el Estado -del que el ayuntamiento es parte-, no les brindó la oportunidad de un empleo apropiado, y que ahora han perdido la fuente de empleo que ellos mismos se generaron, contribuyendo a resolver a la vez una problemática social, como es la carencia de un servicio de recolección público eficiente y completo, además, haciendo una considerable aportación de impuestos al erario.
Por otro lado, es necesario decir que este sector genera aproximadamente 9 billones de dólares al PIB cada año y que el gran capital, en su proceso natural de desarrollo, exige a los gobiernos su derecho de monopolio, para lo cual éstos han impulsado la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) y la Ley de Economía Circular. Con ellas, en un futuro cercano, almacenar, vender, comprar y transportar residuos que tienen interés económico, estará prohibido para el ciudadano común, porque con el argumento de que hay que ser ecológicamente responsables y que hay que industrializar su manejo, éste será concesionado a los grandes industriales.
En este sentido se enmarca la falta de interés del ayuntamiento de resolver la problemática de estos trabajadores. Se demuestra aquí la verdadera función de los gobiernos, que no es otra que la de fungir como administradores en beneficio del gran capital, sin miramiento alguno cuando esto atenta contra la vida misma de la clase trabajadora, pisoteando sus derechos. Esta es pues, una guerra económica de clases sociales.
Así se explica, por norma general el que nuestros políticos, cuando son candidatos, tengan todas las soluciones y pidan la oportunidad para trabajar en “beneficio de la sociedad”, haciendo el compromiso de atender su problemática por diversa y complicada que ésta parezca, pero una vez que son funcionarios, curiosamente desaparezcan las responsabilidades adquiridas con el cargo y se reduzcan los ámbitos de su competencia, como sucede en este caso con los “transformadores” gobernantes que tenemos en Oaxaca.
Lo que veremos en el futuro inmediato es el desplazamiento de más de millón y medio de mexicanos que laboran por su cuenta en los distintos sectores de este gremio. Y con ello, la necesidad de que se organicen para que se respete su derecho antigüedad y de preferencia para el manejo de los residuos.
A este sector desplazado sólo le queda luchar, y para que tenga éxito, se requiere la solidaridad de la sociedad en general. Los antorchistas estamos dispuestos a defender a ellos y a todos los mexicanos cuyos derechos sean afectados, con la fuerza y la experiencia que nos da una lucha de casi 50 años.
