Por Rodrigo Islas Brito
Hace unos días la realidad cada vez más brutal , militarizada y criminal del país se puso a girar en el análisis de sus alcances, embates y posibles maneras de confrontarla, por parte de una sociedad civil con futuro violento y comprometido , que por lo mismo cada vez debería estar un poquito mejor organizada. Oaxaca ha sido el escenario y el encuentro para que esto empiece a suceder a un paso necesariamente veloz.
“Deberíamos estar buscando ya maneras de buscar y reinventar la paz”, sentenció la defensora de derechos humanos, Diana Lepe directora de Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ) en conferencia de prensa del encuentro “Construyendo en colectivo caminos hacia la paz con justicia”, en el que más de una decena de organizaciones civiles debatieron y configuraron pronunciamientos masivos en las que enunciaron todas las alertas posibles respecto a un país donde el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acaba de darle un diploma de excelencia militar al general, Salvador Cienfuegos, secretario de defensa y Jefe máximo del Ejército Mexicano durante la desaparición en el 2014 de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Hoy en México los gobiernos no pretenden confrontar las violencias y las guerras, sino simplemente invisiblizarlas, prueba de ello es que hoy la política de seguridad avala los procesos de militarización por parte del Estado mexicano y su fallida lucha contra la impunidad, consideraron las organizaciones defensoras, a lo que recordaron que la paz no se construye solo con voluntad; sino que requiere de justicia efectiva, reparación del daño y un ejercicio constante de recuperación y construcción de memoria histórica.
Al tiempo que se daba y se sigue dando la defensa, nacional, extrema y autoritaria que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha venido realizando desde hace unas semanas de la figura del Ejército Méxicano, ante los señalamientos actuales e históricos de su papel de ente desaparecedor, asesino e impune, Enrique Martínez, de la organización defensora Fray Juan de Larios, Marcos Leyva, director de Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA) y Yésica Sánchez Maya, integrante del equipo directivo de Consorcio, Oaxaca (organismo anfitrión del encuentro) , informaron que tan solo en Oaxaca se han registrado 47 asesinatos de activistas perpetrados entre 2018 y 2022, cifra que coloca al estado como el más peligroso para la defensa de los derechos humanos en el país.
En este contexto de violencia sistémica, Servicio Civil para la Paz (nombre de la asociación de organizaciones defensoras) expresó que hoy en el país la disputa por el control territorial entre grupos del crimen organizado en colusión con sectores del Estado y otros poderes fácticos exacerba la violencia, abona a conflictos comunitarios y es una de las causas del desplazamiento forzado interno. A esto se suma que en la situación de conflictividad que se vive en México, particularmente en Oaxaca, el crimen organizado y grupos armados vinculados al cacicazgo político, agrario y económico, atentan contra la población civil con la complicidad u omisión de autoridades de los tres niveles de gobierno.
Las defensoras y defensores consideraron que para develar los mecanismos de impunidad que asola al país es necesario identificar los resortes con los que las fiscalías del país cierran o abren los procesos judiciales, al tiempo que debe convertirse en total la exigencia al Estado Mexicano para que garantice el acceso a la justicia, verdad y reparación integral con la participación efectiva de las víctimas y la violencia feminicida como primer orden de atención
Ante el registro de un desmembramiento progresivo del tejido social de las comunidades ante la imposición empresarial y gubernamental de mega proyectos de infraestructura que solo amenazan con balcanizar aun más territorios que de por si ya presentan graves problemas de seguridad, como el caso del Corredor Industrial Transístmico en el Istmo de Tehuantepec, Servicio Civil para la Paz se pronunció por abrir cause a una sociedad civil más democrática, que permita el dialogo antes que la violencia, pues en opinión de las y los defensores de derechos humanos luego de una agotadora reunión de tres días, la cordura del país solo podrá procurarse asumiendo acciones humanitarias masivas que busquen generar paz y justicia desde la colectividad, para el fortalecimiento de las formas de articulación social de los pueblos, las comunidades y la ciudadanía en general.
