Por Fundar
El Paquete Económico 2023, entregado este 8 de septiembre por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Congreso de la Unión, no concuerda con los planes sexenales más importantes relacionados con la garantía de los derechos humanos y la reducción de las desigualdades.
Desde Fundar, Centro de Análisis e investigación, destacamos las siguientes problemáticas:
Privilegios fiscales. A diferencia de años anteriores, el Paquete Económico 2023 destaca por la ausencia de reformas significativas al marco tributario. De aprobarse en sus términos, el Estado mexicano continuará distinguiéndose por sus bajos niveles de recaudación de impuestos. La recaudación tributaria estimada para el 2023 equivaldría al 14.7% del PIB, mientras que en América Latina y el Caribe el promedio es de 21.9% del PIB. [1]
Una tributación más justa exige revisar a profundidad la tributación al capital y los privilegios fiscales. La inexistencia de un impuesto a las herencias o las tasas reducidas de ISR a quienes invierten en las bolsas de valores, entre otros, se relacionan con los altos niveles de desigualdad de ingresos. En México, el 1% de la población más rica concentra el 28.4 % del ingreso nacional, mientras que el 50% más pobre percibe apenas el 8.4%. [2]
Además, es indispensable reformar las exenciones, deducciones y diferimientos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para impedir que los ultrarricos mexicanos y las grandes empresas accedan a los mismos beneficios que las y los trabajadores de bajos y medios ingresos o las pequeñas empresas. La propia SHCP ha documentado que los beneficios fiscales del ISR favorecen principalmente a quienes más tienen, y en 2023 podrían significar una pérdida recaudatoria equivalente al 1.2 % del PIB. [3]
Presupuesto y género. El Proyecto de Presupuesto de Egresos 2023 prevé un aumento de 41% para los programas y acciones etiquetadas bajo el Anexo 13, el cual tendría un presupuesto de $346,077 millones de pesos. Sin embargo, como en años anteriores, este aumento está impulsado principalmente por los recursos etiquetados para programas sociales prioritarios universales, que no deberían ser considerados como programas con perspectiva de género.
De hecho, en 2023, se propone la incorporación de aún más programas prioritarios, como La Escuela es Nuestra y Universidades para el Bienestar. En contraste, los programas que sí cuentan con un enfoque de género[4] , sufrieron un recorte acumulado de 3.4% respecto a 2022, donde destacamos la reducción de 4.5 y 4.2% a los programas de Apoyo a Madres Trabajadoras y Salud Materna, Sexual y Reproductiva, respectivamente.
Salud. Para la función salud, el gasto propuesto ascendería a $868.2 mil millones de pesos, un incremento real del 4.0%. Este monto continúa siendo inferior al 6% del PIB, el nivel de gasto recomendado internacionalmente. Bajo este panorama, es previsible que el IMSS-Bienestar, la nueva apuesta para ofrecer servicios de salud en favor de la población sin seguridad social, incumpla sus objetivos en el corto plazo.
Crisis Forense. Gran parte de las acciones forenses (identificación, notificación y restitución de cuerpos) dependen de la disponibilidad de recursos transferidos a las entidades federativas a través de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y de los Estados (FASP). La CNB contaría en 2023 con 1 mil 97 millones de pesos, lo que representa un incremento real cercano al 40% respecto al 2022, mientras que el FASP percibiría un total de 8 mil 786 millones de pesos, un incremento real del 4.87%.
Aunque estos aumentos son positivos, es necesario que los recursos transferidos a las entidades federativas se destinen también a las acciones forenses, pues el gasto federalizado puede ser utilizado para otros fines. Los recursos para estas instancias contrastan con el presupuesto propuesto para la Secretaría de la Defensa Nacional, equivalente a 111 mil 911 millones de pesos, y el presupuesto de 67 mil 826 millones para la Guardia Nacional.
Crisis climática y modelo fósil. Si bien la presente administración se ha concentrado en avanzar hacia la soberanía energética y recuperar el control del estado en la materia, aún falta concretar estrategias de energía descentralizada y fortalecer el combate a la crisis climática tal como se propuso en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Muestra de ello es que el paquete económico 2023 propone recursos por 187 mil 968 millones de pesos para la Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático. Dicho monto amerita un análisis posterior, pues incluye programas presupuestarios que no se relacionan de manera clara con enfrentar la crisis climática, contrasta significativamente con los recursos que se autorizarían a las empresas del Estado que privilegian la explotación de fuentes fósiles. De aprobarse en sus términos, en 2023 el gasto programable autorizado para Pemex y CFE ascendería a 1.1 billones de pesos.
Cultura. En 2023, el presupuesto para la subfunción cultura equivaldría a 20 mil 838 millones de pesos, que representa el 0.1% del PIB y el 0.25% del total del gasto propuesto, un porcentaje menor al compromiso contemplado en la Carta Cultural Iberoamericana, que asumía la meta de aumentar el presupuesto cultural al 1% del gasto público total. De este monto, a la Secretaría de Cultura le serían asignados 15 mil 925 millones de pesos, tan solo un incremento de 1.0% respecto de 2022.
Al igual que años anteriores, gran parte del presupuesto de la Secretaría de Cultura se concentrarán en el Proyecto Integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, el cual representará el 23.05% del ramo. No obstante, resaltan los incrementos a los programas presupuestarios Apoyos a la Cultura con una propuesta de 187 millones de pesos (+43.7%) y Estímulos a la creación artística (antes FONCA), con un monto de 600 millones de pesos (+419.5%). Ambos programas son especialmente importantes porque contribuyen a la distribución de recursos para proyectos culturales a las entidades federativas.
Combate a la Corrupción. La asignación en el PPEF 2023 a las instancias del Sistema Nacional Anticorrupción representan menos del 1% del total del PPEF, lo cual parece insuficiente para contribuir de manera efectiva a las causas estructurales de la corrupción. Sin embargo, los recursos etiquetados bajo el Anexo Transversal Anticorrupción ascenderían a 6 mil 711 millones de pesos en 2023, lo que significa un incremento real del 81% respecto al presupuesto de 2022. Este aumento se debe a que finalmente la Auditoría Superior de la Federación comenzará a participar en dicho Anexo, además de otras entidades como el CONACYT y el Archivo General de la Nación, pero de estas últimas, al no ser parte del SNA, es necesario que se aclare cuál es su rol y qué acciones realizarán en materia anticorrupción.
Las múltiples crisis que atraviesa el país no podrán solucionarse si el Estado mexicano continúa apostando por privilegiar fiscalmente a los multimillonarios mexicanos a costa de los bajos niveles de gasto público en materia de salud, equidad de género, medio ambiente, violaciones graves a los derechos humanos, acceso a la cultura y combate a la corrupción. Desde Fundar, instamos al Congreso de la Unión a debatir profundamente, durante la discusión del Paquete Económico 2023, la necesidad de incrementar los recursos disponibles para la garantía de los derechos humanos.
