Por: Dimas Romero González
Se recrudece de nueva cuenta el conflicto entre los núcleos agrarios de Santo Domingo Yosoñama y San Juan Mixtepec, cobrando la vida de una persona y dejando 5 heridos, algunos de ellos, con daños corporales permanentes que les impedirán llevar una vida plena y completa, físicamente hablando.
Pondré en contexto las causas que defienden los afectados, para después, hacer un apretado recuento del conflicto. La Ley Agraria Nacional, en su Artículo 48, establece que quien hubiere poseído tierras ejidales, en concepto de titular de derechos de ejidatario, que no sean las destinadas al asentamiento humano ni se trate de bosques o selva, de manera pacífica, continua y pública durante un periodo de cinco años si la poseyese de buena fe, o de diez si fuera de mala fe, adquirirá sobre dichas tierras los mismos derechos que cualquier ejidatario sobre su parcela.
Los comuneros de Yosoñama, que conforman las comunidades de Santo domingo, Sabinillo, La Paz, Buena vista, Peña Colorada, San José, San Isidro, Pueblo Nuevo, La Paz y Vista Hermosa, han tenido en posesión quieta, pública, pacífica y de buena fe, una fracción de terreno de monte alto y agostadero, propia para el cultivo y pastoreo de ganado, heredado a través de padres y abuelos, durante siglos. Nunca tuvieron problemas con sus vecinos. Pero en 1986, cuando se inició un camino de terracería que conecta con Tezoatlán de Segura y Luna y en conexión directa con Huajuapan de León, Mixtepec demandó por la vía de conflictos agrarios la restitución de 1740 hectáreas de tierra, que según son de su propiedad, pero que es la superficie que da sustento alimenticio a las comunidades mencionadas. En un largo y viciado proceso legal, el Tribunal Unitario Agrario con sede en Huajuapan de León, sentenció en 2007 a favor de Mixtepec, sin que haya habido oportunidad de que se le reconociera a Yosoñama su legítimo derecho, sustentado como digo líneas arriba, en la ancestral y continua posesión de sus tierras.
De ese año a la fecha ha escalado la violencia que ha costado la vida a pobladores de Yosoñama, la parte más vulnerable y afectada, ya que por la cercanía a la zona en conflicto y ante la evidente necesidad de trabajar para alimentarse, se vuelve blanco fácil de francotiradores de Mixtepec. El conflicto se recrudeció en 2010, con el secuestro de 39 campesinos, durante el gobierno de Ulises Ruíz Ortíz, entre ellos, había incluso niños, que participaban también en la limpieza de las tierras de cultivo. El Movimiento Antorchista Nacional exigió intervención a las autoridades estatales y federales, por lo que después de 73 días, se logró su liberación. No hubo un solo detenido por este delito, a pesar de los videos que prueban quiénes fueron los autores materiales; Meses después, ya en el gobierno de Gabino Cué Monteagudo, continuaron las agresiones, como el asesinato de Miguel Cruz José, líder de la región, miembro del comité estatal y de la Dirección Nacional de Antorcha, el asesinato primero, de 11 indígenas y, después, su calcinamiento sin importar que hubiera mujeres y niños; la situación ha seguido repitiéndose en la administración de Alejandro Murat Hinojosa, hasta llegar al atentado ocurrido el pasado lunes 25, sin que a la fecha haya habido un solo indiciado, mucho menos un detenido, por estos delitos.
En los dos últimos años, las autoridades de Mixtepec mostraron aparente disposición de diálogo, por lo que se retomaron las reuniones y parecía haber algún interés de firmar un acuerdo de paz. Mientras esto sucedía, los campesinos de Yosoñama pidieron vigilancia en la zona por parte de los cuerpos de seguridad, pero a pesar de múltiples reuniones de las autoridades de los dos núcleos agrarios con las corporaciones policiales, el Ejército y la Guardia Nacional, no se realizó operativo alguno, ni pequeño ni grande, dejando a los comuneros, de nueva cuenta, en la indefensión. Tampoco se realizó la medición de la zona en conflicto para buscar un propuesta de solución, que Yosoñama ha ofrecido siempre y que consiste en ceder una parte de las tierras en disputa. Hace unos meses, Mixtepec alegó no tener condiciones para continuar las mesas de trabajo y se cortó toda comunicación, sin que el gobierno estatal mostrara interés de retomar los trabajos.
El hecho de que las corporaciones de seguridad se negaran a realizar patrullajes, retenes o algún tipo de operativo que inhiba a criminales que operan con absoluta impunidad, sin una investigación seria contra los rostros visibles de quienes son culpables de estos 37 asesinatos y los recientes ataques, alimenta las sospechas de complicidad, protección y apoyo desde algunas esferas de los gobiernos estatal y federal, por lo que tenemos justificadas preocupaciones de que la violencia escale aún más, con la reconfiguración de las fuerzas políticas en favor de Morena en todos los niveles de gobierno, puesto que personajes visibles de Mixtepec, comparten esta filiación política.
Está culminando otra administración estatal en la que estos campesinos no encontraron apoyo para la legítima defensa de su tierra y de su vida misma; por contubernio o por omisión de funcionarios, las muertes ocurridas en estos seis años manchan a este gobierno como uno en que la impunidad sentó sus reales en Oaxaca. El próximo gobernador es de extracción morenista. Esperamos que la filiación política distinta de los campesinos de Yosoñama no sea la invitación a encumbrar aún más a quienes desde supuestas esferas bajas del poder en el estado, han ocasionado esta ola de crímenes. Se presenta la oportunidad de demostrar que estamos ante una transformación auténtica y no lo será si no se combate la impunidad, porque con ello, se invita a los agresores a seguir cometiendo más crímenes.
