Tras la renuncia del consejero Juan Pablo Morales García, el Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción denunció que se por más de tres meses se les impedido ejercer el cargo pese que fueron elegidos por la 64 Legislatura del Congreso de Oaxaca a través de una convocatoria pública y su nombramiento es constitucional.
Esta obstrucción para que desempeñen sus funciones, afirmó, es un claro abuso de autoridad, violación a la Constitución Política de Oaxaca y violencia de género perpetrado por las autoridades que integran el Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, así como por su secretario técnico, José Esteban Bolaños Guzmán.
“La Constitución no es un documento subordinado a la voluntad política de los gobernantes en turno: su fuerza normativa obliga, y vincula, y en consecuencia la totalidad del ordenamiento jurídico, es decir, las normas infra constitucionales y los hechos, actos u omisiones, tanto de autoridades como de particulares, se encuentran compelidos bajo la supremacía Constitucional”, sentenció.
El CPC manifestó compartir las razones y sentimientos de Morales García en su carta de renuncia y en la cual sostuvo que este Consejo se ha visto limitado y obstruido por intereses externos que no han permitido su funcionamiento en un abierto desacato al mandato constitucional.
“No he encontrado Sistema con mayor opacidad que el mismo que pretende combatir la corrupción en el Estado de Oaxaca”, sostuvo el ahora ex consejero del CPC.
En su pronunciamiento, el Consejo reconoció el valor, profesionalismo y ética de Morales García y adelantó que seguirá luchando la batalla legal; esta última, que sostienen contra los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción y el cual fue extinguido con la reforma realizada a la Constitución de Oaxaca por los legisladores de la 64 Legislatura.
Morales García presentó su renuncia a su cargo en el CPC ante la 65 Legislatura del Congreso de Oaxaca el pasado 10 de enero de 2021, bajo el argumento de que el Consejo se ha visto limitado y obstruido por intereses externos que no han permitido su funcionamiento.
Lo anterior, dijo, “en un abierto desacato al mandato constitucional establecido en el decreto 2495 de fecha 1 de junio de 2021 y publicado en el periódico oficial del Estado de Oaxaca”.
