Juan Carlos Zavala
La madrugada del 31 de agosto de 2024, la policía municipal de Santa Lucía del Camino asesinó al joven Diego Paz y dejó gravemente lesionado a su acompañante, durante un operativo alcoholímetro.
No es la primera vez que la policía municipal de esta población conurbada a la ciudad de Oaxaca de Juárez incurre en abusos de poder, tortura, extorsiones y violaciones a derechos humanos, desde que Juan Carlos García Márquez asumió la presidencia municipal de Santa Lucía del Camino.
El 28 de marzo de 2022, F. V. E. caminaba en inmediaciones de la colonia Felipe Carrillo Puerto pues entregaría un trabajo de carpintería, cuando fue interceptado por elementos de la Policía Municipal que iban a bordo de una moto patrulla con número económico 106, que le marcaron el alto, le hicieron una revisión corporal en que le tocaron los genitales, lo hicieron realizar 50 lagartijas después de las cuales le dijeron que corriera, lo que hizo para escapar.
H. E. B., el 15 de abril de 2023 circulaba en su motocicleta, a la que le dio alcance una patrulla de la Policía Municipal de Santa Lucía del Camino, que le pidió detener su marcha. Al no hacerles caso, golpeó la motocicleta con la patrulla en dos ocasiones, ocasionando que cayera de la misma, al intentar levantarse fue agredido físicamente, después lo esposaron y subieron a la patrulla, en la que siguieron golpeándolo durante el trayecto; después de su valoración médica lo llevaron a un cuarto en que continuaron golpeándolo, e incluso le pusieron una navaja en el cuello y una pistola en la boca. Al obtener su libertad no le fueron entregadas todas sus pertenencias.
Los elementos de seguridad pública del ayuntamiento de Santa Lucía del Camino a cargo del presidente municipal Juan Carlos García Márquez, acumulan un historial de abusos y violaciones a los derechos humanos.
Al menos 25 quejas se han presentado ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) contra los abusos y vejaciones de la corporación de seguridad pública, hacia ciudadanos; pero son muchas más, las que no llegan a ser denunciadas ante organismos como la DDHPO o ante otras autoridades responsables de atender este tipo de violaciones, como la Fiscalía General del Estado o instituciones como el Tribunal de Justicia Administrativa.
Aunque la mayoría de las denuncias se han presentado durante el gobierno del morenista Juan Carlos García Márquez, desde el año 2018 hasta mediados de junio de 2023 se han iniciado 65 expedientes de queja en que se reclaman violaciones a derechos humanos atribuidas a elementos de seguridad pública de ese municipio.
En 2018 se iniciaron 8 expedientes de queja; en el año 2019, fueron 9 expedientes de queja; en 2020, 15 expedientes de queja; en 2021, 10 expedientes; en el año 2022, 16 expedientes de queja; y hasta junio 2023 se iniciaron 7 expedientes de queja.
La Defensoría señala que es preocupante que, durante el año 2022 y el periodo que transcurrió de 2023 se hayan recibido 17 quejas sobre detenciones ilegales y/o arbitrarias en que se involucran a elementos de seguridad pública del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, en que se han documentado además excesos, violencia física y verbal.
“Y que contrarían en muchos casos lo dispuesto por las fracciones XII y XIII del artículo 154 de las Ordenanzas Municipales de Santa Lucía del Camino que señalan: Los agentes de los elementos de Seguridad Pública Municipal deberán: […] XII. En sus actuaciones, utilizar preferentemente medios no violentos, procurando el uso de la persuasión, antes de emplear la fuerza y las armas; XIII. Observar un trato respetuoso hacia los habitantes en general; […]”.
La policía de Santa Lucía del Camino, bajo el mando de Juan Carlos García Márquez, también enfrenta acusaciones por detenciones arbitrarias, abusos en los puestos de control de alcoholemia, revisiones sin justificación, agresiones por parte de elementos de seguridad municipal, excesos en cobro de multas y negativa al derecho de petición.
“Desde hostigamiento policial, excesos y abusos por parte de elementos policíacos, detenciones arbitrarias incluidas en operativos alcoholímetro desplegados por el Ayuntamiento en comento, omisiones en el deber de cuidado de personas detenidas en los separos municipales, extorsiones, sustracción de bienes personales de las personas privadas de su libertad, entre otras, en que no obstante haberse solicitado el informe de autoridad al Ayuntamiento de referencia, éste ha mostrado opacidad no sólo en rendir un informe en que pueda justificarse la actuación de los elementos de seguridad municipal, sino, cuando los ha rendido, lo ha hecho con argumentos inverosímiles que además carecen de motivación y fundamentación”, detalla el organismo.
Otros casos
La ciudadana FHC, quien reclamó probables violaciones a derechos humanos y a los de I, J, D y W de apellidos RV, quienes señalaron el 28de mayo de 2022, elementos de la Policía Municipal se presentaron en el crucero que forman la calle Hornos y avenida Ferrocarril para prohibirles trabajar como limpiaparabrisas, a pesar de que llevan haciéndolo más de ocho años.
LAJC, relató que el 31 de enero de 2022, al encontrarse en un cajero automático ubicado en la ciudad de las canteras, fue esposado por elementos de la Policía, quienes le indicaron que habían sido alertados por una persona que lo acusaba de haber intentado asaltarla, por ello fue llevado a los separos; que al momento de su detención le fueron aseguradas diversas pertenencias que no le fueron regresadas al ser liberado.
El 23 de abril de 2022, RNG fue privado de su libertad en un operativo de alcoholímetro, que una vez le indicaron que estaría detenido pretendió ir por su cartera a su vehículo, pero fue abrazado por un elemento mujer mientras otro elemento roció sobre su rostro gas pimienta, después de lo cual un grupo de más de cinco policías comenzaron a golpearlo, lo que corroboró con el parte médico expedido a su favor por personal de la Cruz Roja.
Al pasarlo con el personal de asistencia médica le negaron la atención, en ese momento se percató de que habían sustraído sus pertenencias y dinero en efectivo, posteriormente, fue llevado a los separos municipales en donde estuvo un lapso de 18 horas. Para obtener su libertad pagó una multa de 4 mil 523 como lo acreditó con el comprobante de pago de folio 0020, en que se advierte que el concepto fue falta administrativa por conducir en estado de ebriedad.
No suficiente con lo anterior, al comparecer a ratificar su queja, agregó que el Juez Calificador en turno le hizo saber que había un elemento lesionado además de decirle que había dañado los lentes de otro elemento, por lo cual le requirió el pago de 3 mil 100 pesos por concepto de reparación del daño, lo cual acreditó con el recibo correspondiente en que aparece el sello del Juzgado Calificador.
El 14 de mayo de 2022, RHM circulaba a bordo de su unidad de motor cuando vio establecido un puesto de control y alcoholímetro instalado por elementos de la Policía Vial Municipal y Policía Municipal de Santa Lucía del Camino, quienes de forma prepotente lo bajaron de su vehículo mientras insultaban a su esposa que lo acompañaba.
Al inconformarse recibió un golpe y fue subido a la patrulla en la que lo trasladaron al municipio; sus familiares fueron informados que debía pagar una multa de 4 mil 523 para obtener su libertad, 1 mil 300 por el arrastre de la grúa que movió su automóvil; y, 11 mil 500.00 para la liberación de la unidad de motor. Por lo que pagó en total la cantidad de 17 mil 323.00, pero el recibo de pago no señalaba conceptos ni montos y menos se encontraban fundados y motivados.
El 13 de julio de 2022, RACM señaló que circulaba sobre el Río Salado, detuvo su marcha para acomodar papeles, y después emprendió nuevamente su marcha, pero fue alcanzado por elementos de la Policía Municipal de Santa Lucía del Camino que le marcaron el alto haciéndole saber que una persona lo acusó de estar tirando basura.
Por ello lo detuvieron y llevaron a la cárcel municipal. Para obtener su libertad pago cerca de 2 mil 800 pesos, y aunado a ello, en la red social Facebook, en la cuenta del Ayuntamiento fue exhibida su fotografía aduciendo que realizaban acciones contra quien tiraba basura.
Impune, Policía Municipal de Santa Lucía del Camino
Pese a que las diversas quejas, y la comprobación de cada uno de los casos, permite ver una constante en el actuar de los servidores públicos del multicitado Ayuntamiento que a su vez permite deducir la existencia de violaciones derechos humanos sistemáticas por la falta de perspectiva de derechos humanos con que se conduce ese municipio, todas las actuaciones de la policía municipal de Santa Lucía del Camino, permanecen en la impunidad.
Además, la DDHPO señala que ha sido claro el desinterés y la falta de colaboración por parte del citado ayuntamiento quien en muchos casos ha sido omiso en rendir los informes solicitados y en otros tantos, ha remitido respuestas en que refiere los hechos pudieran dar pie al ejercicio de acciones ante otras instancias.
“Desestimando totalmente la presentación de una queja ante esta Defensoría como el ejercicio de una acción para defender los derechos humanos que pudieran haber sido violados”.
El organismo solicitó que como una forma de reparación del daño, se realice un acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública en favor de todas las víctimas, respecto de lo cual, se deberá consensar con éstas o sus familiares y con la DDHPO, el lugar, autoridades participantes y modalidades del mismo.
A la fecha, sin embargo, el ayuntamiento de Santa Lucía del Camino no ha realizado la reparación del daño de ninguna de las víctimas, y tampoco ha emitido una disculpa pública.
