A un año de que se presentaron las primeras quejas laborales por violencia contra el director general de Culturas Populares federal, la única respuesta que han recibido son “talleres de paz”, dirigidos únicamente a las personas denunciantes, en su mayoría mujeres
Redacción
Ciudad de México.- Ha pasado un año desde que las primeras quejas por violencia laboral y de género contra el director general de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de la Cultura federal, Jesús Antonio Rodríguez Frino, fueron presentadas; hasta la fecha, suman 45 trabajadoras y trabajadores para quienes la justicia no ha llegado.
Amenazas de despidos, denegación ilegal de vacaciones, descalificaciones, humillaciones públicas, gritos, palabras denigrantes, duplicación de funciones por parte de personal sin contratación conforme a los protocolos, acusaciones falsas y exigencias de renuncias, así como amenazas por negarse a renunciar, son algunos de los señalamientos en contra del titular y funcionarios de la DGCPIU.
“Llevamos un año y es el momento en que la Secretaría de Cultura hace caso omiso, no toma acciones contundentes. Pareciera que culpabiliza a los que hemos sido afectados por esta situación”, explica Leticia, quien por razones de seguridad omite su nombre real.
De acuerdo con documentos en poder de Estado 20, las primeras nueve quejas fueron presentadas por trabajadoras ante el Comité de Ética de la secretaría y el Órgano Interno de Control, las más antiguas datan de octubre de 2022; desde entonces, la única “solución” que recibieron fue la implementación de “actividades para mejorar el ambiente laboral”, a las cuales sólo fueron convocados los trabajadores denunciantes.
En días pasados, la dirección prometió a las empleadas y empleados inconformes que tendrían una reunión con el presidente del Comité de Ética, Omar Monroy; en lugar de eso, fueron sometidos a una “actividad” para la solución de conflictos.
“Jamás no dijeron que lo que en realidad íbamos a hacer era una especie de tallereo en paz, con un señor experto en procesos de paz y eliminación de conflictos, que lo que hizo fue hacernos unos cuestionarios preguntándonos qué podíamos hacer nosotros para trabajar bien en las condiciones en las que estábamos y cómo habían llegado las cosas hasta ahí”.
A la lista de agravios se sumaron algunas amenazas que seis empleadas recibieron en sus correos institucionales el 21 de marzo pasado. En el mensaje, además de insultos e improperios, se les dice que “no saben con quién se están metiendo” y se les conmina a renunciar de inmediato.
“Nadie las va a ayudar, a Frino nadie lo quita lo mejor para ustedes es que renuncien esta misma semana o tendrán que atenerse a las consecuencias con sus familias (sic.)”, se lee en el correo electrónico.
Tras la difusión de estas amenazas en redes sociales, la institución les dio la opción de moverlas a otra área de manera temporal, sin aclarar por cuánto tiempo y en qué condiciones; sobre una posible sanción al director general de la DGCPIU, no se habló nada.
Otra trabajadora, quien prefiere guardar el anonimato, señala: “lo que más quisiéramos resaltar es el trato misógino, el hecho de que estas denuncias llevan su tiempo, y aunque se han atendido, son procesos súper lentos, mientras tanto hemos seguido cumpliendo con nuestras actividades, hemos venido a trabajar y no está bien el ambiente”.
“Esas señoras sólo se la pasan viendo Netflix”
El maltrato de Frino, quien antes de ocupar la titularidad de la DGCPIU se desempeñaba como coordinador de Cultura Infantil, derivó en la renuncia de dos trabajadoras en 2022; no obstante, ambas presentaron sus quejas en marzo pasado ante el Comité de Ética.
En las quejas, de las que ESTADO20 posee copias, se habla de acoso laboral a lo largo del 2022, año en el que Jesús Antonio Rodríguez inició su gestión al frente de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, en sustitución del poeta Mardonio Carballo.
“Apelo a usted y al Comité de Ética de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México para obtener justicia, ya no para mí, porque yo tuve que renunciar… pero sí para mis compañeras que están sufriendo el acoso laboral bajo la administración de este Director General con tan poca calidad ética y moral”, señala una de las denunciantes, quien se dirige a Omar Monroy Rodríguez, presidente del comité.
En las denuncias analizadas, se observa un señalamiento repetido de maltratos dirigidos a mujeres que forman parte de la DGCPIU, muchas de ellas jefas de departamento y directoras de área, además de comentarios despectivos hacia trabajadores de base, como los choferes de la institución.
“No omito mencionar que en diferentes ocasiones ha demeritado el trabajo de las directoras de área, diciendo que esas señoras solo se la pasan viendo Netflix”, se describe en una de las denuncias.
Efectos emocionales
En las quejas también destacan las afectaciones que este maltrato ha tenido sobre la psique y el estado emocional de las trabajadoras, quienes describen cuadros de ansiedad, miedo a convivir con el director general, preocupación e incluso depresión, así como señalamientos constantes a que no se sienten seguras en su espacio de trabajo.
“Es una persona que no acepta la violencia, muy por el contrario, se victimiza a sí mismo y se genera un ambiente en donde se nos ve a nosotras como si estuviéramos haciendo una conspiración, o al menos así lo vivimos. Hay esta sensación de que se nos puede o no creer, incluso cuando están las pruebas, cuando están los testimonios, cuando hay una amenaza”, explica a ESTADO20 una denunciante.
Dos de las trabajadoras relatan cómo fueron instadas a renunciar “por voluntad propia”, una de ellas directamente por el director Jesús Antonio Rodríguez, y otra persona.
Ante la negación de ambas a renunciar sin motivo justificado, la dirección colocó a dos personas sin contrato, pero de la confianza del titular de la DGCPIU, quienes duplicaron las funciones de las trabajadoras amenazadas, obstaculizando así su labor, como medida de presión para obligarlas a renunciar.
En días pasados, al menos tres personas denunciantes fueron notificadas de su traslado a otras áreas de la Secretaría de Cultura.
“El cuestionamiento que tenemos es por qué movernos a nosotras y no al violentador, no son pocas las denuncias… sospechamos o tememos que la respuesta sea mantener a la persona que violenta y movernos a las demás por nuestra protección”.
