Juan Carlos Zavala
El camino para Laura Blanco Morales ha sido largo y está cubierto de impunidad. Electa como Regidora de Obras Públicas en el ayuntamiento de San Juan Lalana, un municipio de Oaxaca ubicado en la región de la Cuenca del Papaloapan, se ha enfrentado a una violencia política desde que asumió el cargo.
El presidente municipal Lauro Pérez Sánchez, le prohibió salir del palacio municipal, luego de que ella exigió transparencia y rendición de cuentas en la asignación y ejecución de obra pública en el municipio.
Nunca se le han asignado recursos humanos y materiales para poder desempeñar su trabajo, como viáticos, vehículo y personal; además de que el edil ha pretendido hacerla firmar documentos de estimaciones de obra pública, sin conocer o tener información, y a lo cual ella se negó.
“Con mis propios recursos empecé a caminar en las comunidades desde el día de 1 enero hasta el 28 de julio de 2023, cuando me prohibió salir del palacio. Están impidiendo que yo ejerza mi cargo. Como regidora de Obras, quiere que me siente y únicamente haga lo que él me pide. Dice que ninguna mujer lo va a mandar”, relata.
Laura Blanco decidió, entonces, interponer un juicio ante el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) por violencia política en razón de género contra el edil Pérez Sánchez.
La primera sentencia en la que se confirma la violencia política en razón de género contra Laura Blanco ejercida por el edil Lauro Pérez, fue emitida por el TEEO el 19 de noviembre de 2023, el 29 de diciembre de 2023 la confirma la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el 24 de enero de 2024, también la confirma la Sala Superior del TEPJF.
En las tres sentencias a su favor se obliga al presidente municipal de San Juan Lalana, Lauro Pérez, a transparentar los recursos públicos que ejecuta el ayuntamiento y lo relacionado con la obra pública.
Sin embargo, a pesar de existir tres sentencias a su favor la violencia política ejercida por el presidente municipal, la violencia en su contra ha aumentado y teme por su integridad y la de su familia.
La paridad en la postulación de candidaturas a un cargo de elección popular y su obligatoriedad en los municipios que se rigen por sus propios sistemas normativos indígenas, representó un avance sustancial en igualar los derechos políticos de las mujeres con la de los hombres, y acabar con la violencia política en razón de género; pero esto último no ocurrió, y lo primero, aún enfrenta resistencias.
Las quejas, denuncias y carpetas de investigación muestran que en Oaxaca la violencia política contra las mujeres se mantiene en un promedio anual que superan los 360 casos; número de casos que se repite desde el año 2020 y hasta el 2023, según las cifras oficiales.
La presidenta del Observatorio de Participación Política de la Mujeres y del Tribunal Electoral del Estado (TEEO), Elizabeth Bautista Velasco, detalla que entre el año 2020 y el 2023, se presentaron en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) 208 quejas y denuncias, en el TEEO un total de 302, en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) fueron 287 carpetas de investigación y 300 casos ante la Secretaría de las Mujeres.
Tras los avances en la integración paritario de ayuntamientos y del Congreso local, ahora las mujeres no sólo enfrentan una serie de violencias al momento de contender, también se incrementan y exacerban cuando ocupan el cargo, según la tendencia en las denuncias presentadas ante las distintas autoridades mencionadas.
“Si sólo nos ceñimos a los números, parecería que existe un avance e incluso igualdad de oportunidades, puesto que se habla del 45% y 48% de posiciones en cargos como titulares y suplentes, respectivamente, sin embargo, ello no necesariamente se traduce en una igualdad sustantiva, pues además de que los cargos a los que acceden las mujeres son de menor jerarquía respecto de los que ocupan los hombres; como se verá más adelante, las mujeres enfrentan una serie de violencias no sólo al momento de contender sino que se exacerban al momento de ejercer el cargo”, según un informe de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
De los casos conocidos por la DDHPO en que se reclama la violencia política contra las mujeres en razón de género, el 66 por cierto corresponde a quejas por Partidos Políticos y el 34% a municipios que se rigen por sistemas normativos indígenas.
De acuerdo con el organismo, dentro de las formas más reiteradas por parte de quienes ejercen violencia política contra las mujeres por razón de género, están el acoso sexual, agresiones verbales y con connotación sexual, agresiones físicas, amenazas, difamación en redes sociales, segregación, entre otras.
Mientras que la intersección de los tipos de violencia identifica a la violencia estructural, y algunas de sus manifestaciones son el hostigamiento y acoso laboral, las cuales pueden dirigirse a todas las personas, sin embargo, en un mayor porcentaje lo sufren las mujeres. Estas conductas, apunta, impiden la participación de las mujeres en la vida pública y política.
“El aumento de la participación y representación política de las mujeres, ha estado acompañado por un incremento de la violencia en su contra, retardando el ejercicio pleno de su derecho a la participación política y la posibilidad de incidencia en los espacios de toma de decisiones; estos ataques hacia las mujeres por ser mujeres tienen como trasfondo la descalificación y desconfianza sistemática hacia sus capacidades de hacer un buen trabajo y ganar una elección”.
De manera más precisa, se encuentran este tipo de violencias: discriminación, amenazas, no le toman protesta o hay obstrucción del cargo, no pagan sus dietas o las retienen, no asignan recursos materiales, humanos y financieros, no son convocadas a sesiones de cabildo, destitución del cargo o exigirle que renuncie, violencia digital y mediática, y obstrucción para contender a un puesto.
Así como violencia laboral, violencia física, no contestan sus solicitudes de información, no me permiten su participación en la sesiones o las humillan, violencia sexual, no les asignan oficina, discriminación por embarazo, despido injustificado, detonaciones de arma de fuego afuera de su casa, amenazas, reducción salarial, homicidio, tentativa de secuestro, violación, privación de la libertad por ejercer su cargo, entre otras.
La violencia política en el proceso electoral 2024
Bautista Velasco menciona que en el caso específico del TEEO y de los casos registrados del 1 de enero al 20 de febrero de 2024, el Tribunal dictó sentencia en cuatro expedientes que se presentaron a finales de 2023.
De estos juicios, en uno se acreditó la violencia en el municipio de San Jacinto Amilpas; sin embargo, la sentencia fue revocada en la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y en este momento se encuentra en instrucción.
La Sala Xalapa también resolvió siete juicios de 2023 en 2024 de los cuales, en dos se acreditó la violencia política en razón y se confirmó las sentencias del Tribunal local.
Mientras que en lo que va de 2024, se han presentado 10 juicios nuevos, de los cuales dos ya fueron resueltos, uno no acreditó la violencia y otro fue reencauzado al mecanismo intra-partidario de hacer justicia. Los demás se encuentran en instrucción.
De estos 10 juicios, puntualiza que dos se refieren a casos del Partido Unidad Popular, cuatro se presentaron en municipios del régimen de partidos políticos y cuatro en el de sistemas normativos internos; seis son juicios ciudadanos y cuatro son juicios ciudadanos en el régimen de sistemas normativos internos.
En tanto que, de las mujeres que presentaron las denuncias, dos son militantes de un partido, dos son síndicas municipales, 11 son regidoras y dos son suplentes.
La presidenta del TEEO advierte que las distintas manifestaciones de las probables víctimas, han generado también nuevos criterios de la Sala Superior del TEPJF y en particular, destaca los casos en los que una sentencia no es suficiente porque reiteradamente continúan las manifestaciones de violencia.
“En ese sentido, debemos estar alerta sobre este comportamiento que nos obliga a preguntarnos sobre el impacto de la violencia política contra las mujeres en el tiempo y en la forma en que escala cualitativamente”.
La Presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres dijo que frente al fenómeno de la reiteración constante y sistemática de los actos de violencia política contra las mujeres, la Sala Superior del TEPJF ha dicho que ello, por sí mismo, no actualizan los elementos de género, sino que la determinación de si las conductas y omisiones denunciadas debe ser resultado de una valoración judicial que evidencie ese impacto diferenciado en los derechos político electorales de las mujeres.
“El análisis es cada vez más riguroso y nos obliga a profundizar en el contexto de la problemática y por supuesto en la metodología utilizada”, afirma.
Por su parte, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Elisa Zepeda Lagunas, menciona que en el año 2023 se atendieron a 11 mujeres en situación de violencia política por razón de género en el estado de Oaxaca. El tipo de atención que se otorgó a estas mujeres que acudieron a la Secretaría consistió en servicios de orientación y acompañamiento jurídico y psicológico.
La funcionaria estatal la procedencia de la mujeres en situación de violencia, del total de casos a los que se han dado atención el 36.36 por ciento son mujeres provenientes de la región de Valles Centrales, seguido de la Mixteca con 27.27% y la Sierra Sur con 18.18%.
Sobre el rango de edad, dijo que de 40 a 44 años predomina con el 18.52%, mientras que los de 30 a 34, 40 a 44 y de 50 a 54 años es del 14.81% cada uno, seguida de aquellas que se encuentran en el de 35 a 39 años que representan el 12.96 por ciento.
También menciona que nueve de las mujeres atendidas por la Secretaría de la Mujer del Gobierno de Oaxaca, nueve eran regidoras, una era regidora suplente y una era Presidenta del Consejo Electoral Municipal.
“Predomina que las mujeres que ocupaban el cargo de las diferentes regidurías municipales, tales como educación, salud, hacienda y obras”.
Elisa Zepeda afirma que los principales tipos de violencia identificados, se encuentran la política y psicológica, y la cibernética; mientras que los principales agresores o violentadores son los presidentes y síndicos municipales.
“Es importante mencionar que, un regidor ha sido mismo violentador de tres mujeres regidoras. Cabe hacer mención que, de las 11 mujeres atendidas, ninguna de ellas ha iniciado ningún proceso legal por la situación experimentada”.
